Un edil ciego tiene que recurrir a la justicia para poder grabar los plenos

En Cualedro, hacer oposición es una profesión de riesgo. Eduardo Carnero, único concejal de Compromiso por Galicia (CxG) en este Ayuntamiento rural de Ourense, casi no ve nada: tiene una invalidez del 81% causada por una enfermedad degenerativa llamada retinopatía pigmentaria. Y los plenos de su pueblo son un constante déjà vu. Empeñado en hacer bien su trabajo, en 2012 decidió grabar las sesiones para poder escucharlas en casa y tomar notas con calma. No escribe con soltura y tampoco consigue leer las actas. Pero al alcalde del pueblo le incomodaron desde el primer minuto las grabaciones del edil casi ciego, así que Luciano Rivero (Partido Popular) prohibió cualquier grabación porque "puede interferir en el normal desarrollo de la sesión pudiendo coartar la libertad de expresión de los concejales".

Al regidor le daba igual que un micrófono de la Cadena Cope registrase el pleno, pero si un edil decidía sacar una grabadora y darle al rec, sus colegas de partido se sentían intimidados. Rivero se sintió arropado por la amplia mayoría con la que gobierna este municipio de 1.900 habitantes apostado en montes que rodean la enorme llanura de A Limia. Ocho de los once concejales están adscritos al PP y ninguno cuestionó la decisión adoptada por su jefe de vetar el derecho constitucional que posibilita la grabación de los plenos públicos. Tras intentar sin éxito una solución amistosa, primero con palabras y después a través de la vía administrativa, Eduardo Carnero decidió acudir a la justicia. Y un juez lo llenó de razón.

Para prohibirlo, el regidor alegó que el aparato intimidaba a los ediles

La sentencia dictada por el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense asegura que ninguno de los argumentos del alcalde está "debidamente justificado". Incluso reflexiona sobre las actitudes de los ediles al saber que estaban siendo grabados: "Se da a entender que el comportamiento de los representantes públicos, sus opiniones y manifestaciones, varían en función de si hay público en el salón de plenos o si están siendo grabados, lo que desde luego no es aceptable". Para el magistrado resulta "de todo punto improcedente" que Rivero argumentase su prohibición a través de un Real Decreto que establece el "deber de guardar reserva en relación con las informaciones" facilitadas a los ediles. Aclara la sentencia que esa cuestión no es aplicable en este caso porque los plenos, salvo excepción justificada, son públicos y pueden ser difundidos. El juez recuerda que la grabadora es "el único medio del que dispone para poder recordar el contenido" y concluye asegurando que el alcalde vulneró el artículo 20 de la Constitución.

El alcalde heredó el puesto de su madre,

El concejal de CxG muestra la sentencia con orgullo. Un lector automático le ayuda a navegar entre los numerosos escritos, recursos y denuncias que ha acumulado en una carpeta de su ordenador durante la batalla. Su habitación de trabajo está repleta de libros de Derecho, ya que, en otro alarde de arrojo, se ha matriculado en esa carrera. A unos metros de la casa, en uno de los bares del pueblo, algunos vecinos presumen de concejal cuando son preguntados: "El alcalde heredó el Ayuntamiento y se piensa que es el salón de su casa. Eduardo no le hace mal a nadie". Y es que en Cualedro replican al dedillo los modos del clan Baltar. El alcalde heredó el bastón de mando de su madre, Marina Cuquejo, sempiterna regidora durante 27 años, desde la Transición hasta su fallecimiento, en 2006. Antes de morir, la madre convocó unas oposiciones en el Ayuntamiento y el hijo se hizo con la plaza de funcionario que ostenta en la actualidad. En 2008, al año de llegar a la alcaldía, el actual regidor y Baltar padre inauguraban una estatua de tres metros de altura en honor a la exalcaldesa. Incluso, la portada de la primera revista municipal ideada por el regidor se dedicó al "homenaje popular a Marina Cuquejo" con una gran foto de la estatua de su madre.

Los bares de Cualedro han sido escenarios indispensables en el caso magnetofón. No es la primera vez que Eduardo pretende acercar los plenos a los vecinos. Asegura que entre sus funciones está la de "divulgar mejor" la opaca política local, así que durante el primer año de la legislatura distribuyó por los cafés folletos en los que describía con palabras inteligibles para el común de los mortales qué se debatía en las sesiones plenarias. La idea tampoco gustó y en algún caso los folletos, misteriosamente, desaparecieron de las barras. Durante el conflicto judicial por el magnetofón, el regidor también argumentó que las grabaciones de Eduardo "se escuchaban en los bares y se manipulaban". "¿Y qué si se escuchan? Los pagamos nosotros. Ni que esto fuese un montaje de esos del corazón", exclama otra vecina que toma café. Desde el pasado 18 de julio, Eduardo graba los plenos sin crispación. El alcalde acata (aunque no comparte) elegantemente el fallo de la justicia.