Nigrán cambia sus normas para legalizar la casa de una funcionaria

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación, por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de la última modificación puntual de las normas urbanísticas de Nigrán. Con esa actualización, Ayuntamiento y Xunta abrieron la puerta a legalizar la vivienda de una funcionaria municipal —del departamento de urbanismo— sobre la que pesaba una orden de derribo.

El TSXG, que en 2008 ratificó la sentencia que ordenaba la demolición, deberá decidir sobre la legalidad de la operación auspiciada por el consistorio y refrendada por el departamento que dirige Agustín Hernández. Fue él mismo quién firmó, el pasado 31 de enero, la resolución por la que se modifican las ordenanzas seis y siete de las normas subsidiarias, las que incumplían la casa de la trabajadora y otras dos viviendas contiguas. Un portavoz del TSXG confirmó la admisión a trámite del recurso —interpuesto por el conocido pleitista urbanístico Eulogio Abeleira— y señaló que se le ha requerido a la Consellería que remita los expedientes administrativos.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Nigrán, en manos del PP desde 2011, intenta legalizar esas tres construcciones, situadas en la parroquia de San Pedro, a unos 200 metros de Praia América. Durante la anterior legislatura, un bipartito encabezado por el PSdeG propuso una modificación de las normas similar, y que buscaba el mismo efecto: evitar una demolición que, a su juicio, causaría gran inseguridad jurídica y supondría un grave quebranto para las arcas municipales. Sin embargo, la Consellería de Política Territorial, con el Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas ya en funciones, tumbó en abril de 2009 esa propuesta, al no encontrarle el “interés público” que sí le ha asignado tres años más tarde el departamento de Hernández.

Las edificaciones fueron autorizadas en 2002, cuando gobernaba Nigrán el PSdeG con el apoyo de una parte del PP. Contra esa decisión se presentaron dos denuncias, que argumentaba que se incumplía el requisito mínimo de 400 metros cuadrados de parcela por cada vivienda establecido para esa zona. Dos sentencias dieron la razón a los denunciantes.