Zarrías dice que cumplió con su deber al ayudar a empresas de Jaén

“Cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer, no tiene la más mínima preocupación”. El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE federal y exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, se ha mostró este martes así de contundente sobre su posible implicación en la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta.

“Antes, ahora y siempre he cumplido con mi deber, que pasaba por lograr que se invirtiera en la provincia de Jaén”, ha replicado Gaspar Zarrías al respecto de las acusaciones del PP, que lo vinculan con uno de los cabecillas de la trama, Juan Lanzas, conocido como el conseguidor, y con los dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos, que también han sido imputados por la juez Mercedes Alaya.

“Creía que era mi obligación desde el Gobierno andaluz y cuando alguien cumple su obligación no tiene ninguna preocupación”, señaló Zarrías en una comparecencia en el PSOE de Jaén, cuya presidencia de honor ostenta. A su juicio, esa búsqueda de inversiones para la provincia jiennense “dio algunos frutos, aunque desgraciadamente no todos los que hubiera querido”, en alusión al acuerdo para la construcción de una planta de Dhul para la recolocación de extrabajadores de la cárnica Primayor. La planta, sin embargo, se paralizó poco después al entrar Dhul —propiedad de la familia Ruiz Mateos— en concurso de acreedores.

Ayer mismo, el PP volvía a poner a Zarrías en el foco de la trama de los ERE. El secretario general del PP de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, le exigió que “esclarezca algo sobre las ramificaciones que hay en Jaén de la trama corrupta”.

Zarrías se reunió en Jaén con alcaldes y dirigentes socialistas para diseñar la ofensiva contra la reforma local aprobada por el Gobierno de la nación. El PSOE convocará en las próximas semanas a los grupos políticos en la oposición parlamentaria para organizar una gran movilización contra esta norma y posibilitar que los Ayuntamientos presenten ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias en defensa de la autonomía local, una iniciativa para la cual el PSOE necesita del apoyo de un séptimo de los más de 8.000 Ayuntamientos españoles y que éstos sumen a un sexto de la población.