Barridos por los recortes

El anunciado supercontrato en los servicios de limpieza y mantenimiento de la ciudad, la medida estelar del Ayuntamiento con la que supuestamente se reducirán costes a los madrileños, ya ha tenido sus primeras consecuencias. Unos 230 trabajadores se han quedado en la calle desde que entró en vigor el 1 de agosto.

Algunos han sido despedidos y otros, la mayoría, no han sido admitidos por las nuevas empresas que han obtenido los contratos. El Ayuntamiento se había comprometido en varias ocasiones a velar por los trabajadores y había asegurado que hablaría con las empresas para que estas aceptaran a los empleados, algunos de los cuales llevan trabajando más de 25 años en los servicios municipales. Los responsables del Consistorio también habían criticado por agoreros a los miembros de la oposición que habían alertado sobre los posibles despidos.

Los presagios se han cumplido finalmente pero la situación de algunos trabajadores es más dura de lo que esperaban. Es el caso de toda la plantilla que hasta ahora se encargaba del mantenimiento del mobiliario urbano (bolardos, bancos, papeleras, vallado y otros elementos de protección). En total, 56 personas. En el sector de limpiezas y mantenimiento de la ciudad (mobiliario urbano y zonas verdes) trabajaban antes de los recortes 8.786 empleados.

Como en otras ocasiones en las que el Ayuntamiento ha cambiado el contrato, los trabajadores recibieron una carta de subrogación de la empresa en la que trabajaban, en este caso la compañía Imesapi. Ese tipo de carta les había valido hasta ahora para incorporarse a la nueva adjudicataria y seguir ejerciendo allí su labor. “Así ha estado ocurriendo desde que se fundó mobiliario urbano hace 30 años”, dice Fernando Ruiz, de 55 años, 27 de ellos trabajando para el Ayuntamiento.

Pero eso no ha ocurrido en esta ocasión. Las nuevas empresas que han obtenido los contratos (Cespa S.A., Valoriza, OHL-Ascan S.A. y FCC Medioambiente-Alfonso Benítez) les rechazaron. Es decir, nadie les despidió. Se quedaron en tierra de nadie y no cobraron ni finiquito ni indemnización. Cuando fueron al INEM para apuntarse al paro, se llevaron otra sorpresa; les dijeron que, como no habían sido despedidos, no podían cobrar el desempleo.

La plantilla posa frente a una oficina del INEM en el barrio del Pilar. Mientras se colocan en la fachada observan lo simbólico del letrero. Alguien ha añadido una “s” roja al cartel y ahora puede leerse “Oficina DeSempleo”. Los trabajadores enseñan las cartas de subrogación, los documentos del Ministerio de Trabajo en los que les deniegan el paro y las cartas que han mandado al Defensor del Pueblo, al Gobierno y a los partidos políticos, y que también han publicado en las redes sociales.

“Estamos desesperados”, dice Alberto Martín, uno de los trabajadores que han quedado en ese limbo. “Después de muchos años cotizando no tenemos ningún ingreso para los próximos meses. Hay gente que acaba de tener niños, con hipoteca, que se van a ver muy pronto con problemas para pagar”, comenta. Es el caso de Fernando Ruiz, toda su vida de cerrajero. A su esposa, ama de casa, y a él no les llega ya ningún ingreso. Han tenido que poner un anuncio para alquilar la casa e irse a vivir con su hija, que sí trabaja. La mayoría de los trabajadores está entre los 45 y los 55 años.

Las nuevas contratas no han aceptado a operarios que venían ejerciendo

Según cuentan, nadie del Ayuntamiento les ha dado una salida. Dicen que el Consistorio no se hace responsable. “Solo nos queda la vía judicial”, afirma José Luis Gutiérrez, representante de los trabajadores de una empresa que ya no existe.

Los problemas no afectan solo a mobiliario. En los sectores de Limpieza Viaria y Jardinería ha habido 30 despidos directos y 130 que tampoco han sido asimilados por las nuevas empresas. Eso sí, a 22 de ellos se les ha dado la opción de ser trasladados a otras comunidades. Algunas de esas personas son pareja y se les han ofrecido destinos distintos.

“La unificación de contratos no tiene por qué derivar en la eliminación de puestos de trabajo”, señaló el anterior delegado municipal de Medio Ambiente, Juan Antonio Gómez Angulo (PP), durante la presentación del concurso público, el pasado abril. En ese “no tiene por qué”, se sustenta ahora la defensa del Ayuntamiento para decir que no se había prometido nada.

Preguntado por el tema, el Ayuntamiento envía su respuesta a este diario por correo electrónico. Asegura que “se ha cumplido escrupulosamente con los compromisos adquiridos con los sindicatos”. El Consistorio afirma que el nuevo delegado, Diego Sanjuanbenito, “se comprometió con ellos [los sindicatos] a hablar con las empresas concesionarias para que en lo posible se mantuvieran los puestos de trabajo, y así lo hizo. Los trabajadores lo son de empresas privadas y son a estas a las que les corresponde el mantenimiento de los puestos de trabajo de acuerdo a los convenios vigentes”.

La portavoz de Medio Ambiente de IU, Raquel López, fue una de las que advirtió la pérdida de puestos de empleo. “Estaba claro. Lo venimos diciendo desde hace tres años, pero es que solo dos días de que entrara en vigor, en el último pleno, el delegado volvió a negarlo”, dice López. “Vamos a perder puestos de trabajo y calidad. Es obvio. Si las empresas cobran menos de lo que vienen cobrando sacarán el beneficio de los trabajadores”.

El Consistorio, que prometió velar por los trabajadores, se lava ahora las manos

Según el Ayuntamiento, el nuevo macrocontrato, que dura ocho años, prorrogable a dos más, ahorrará a los madrileños más 600 millones de euros, unos 79 al año. Con el nuevo se unifican servicios y barrios. Las 10 zonas en las que se dividía Madrid han sido reducidas a seis lotes. En lugar de 39 contratos distintos habrá solo uno. Las empresas adjudicatarias pertenecen a grandes compañías constructoras como OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC. Algunas de ellas han ofrecido un 32% de descuento sobre el precio inicial.

Los sindicatos no se han opuesto a la existencia de un único contrato ni al ahorro sino a que este se hiciera a costa de los trabajadores. Juan Rodríguez, de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras en Madrid, explica las razones que subyacen tras esos descuentos: “Sabemos que las empresas han ofrecido a los trabajadores empezar de cero con condiciones inferiores a las del convenio de construcción”.

Los empleados que hasta ahora han estado ejerciendo los servicios cobraban entre 1.000 y 1.300 euros, según datos de CC OO. La idea, según los sindicatos, es ofrecerles sueldos de 800 y olvidar los derechos adquiridos como la antigüedad.

La oposición en el Ayuntamiento y los sindicatos coinciden en que el nuevo contrato va a afectar a la calidad de los servicios. “¿Tú has visto cómo están las calles ahora?”, pregunta Juan Carlos del Río, de UGT. “Con las vacaciones estamos con un tercio menos de una plantilla ya mermada por despidos. Y a esto le añadimos esta situación nueva de tanta inseguridad. Por eso las calles están como están”. Del Río habla de la pérdida de 1.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años.