Antonio Torres critica el “reiterado” trato de favor a Sedesa

El PSPV-PSOE advitió ayer de que los informes de la Generalitat a los que ha tenido acceso revelan “reiterados casos de trato de favor” a la empresa Sedesa, propiedad de la familia Cotino, desde el año 1998. El portavoz parlamentario socialista, Antonio Torres, señaló que los datos “revelan que no se ha escogido la mejor oferta económica a la hora de decidir las adjudicaciones a lo largo de estos años”.

Según esos informes, en diciembre de 1998 la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte adjudicó mediante concurso a la UTE formada por la empresa Sedesa y otra del sector la conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón norte, por un importe de 820 millones de pesetas (lo que equivale a 4,9 millones de euros). La adjudicación recayó sobre la UTE formada por Sedesa, “a pesar de que fue otra la empresa que obtuvo una mejor calificación”.

Lo mismo sucedió en noviembre de 2006, cuando el Instituto Valenciano de la Vivienda —dependiente de la Consejería de Territorio y Vivienda— adjudicó a Sedesa la edificación de 105 viviendas en régimen de alquiler en Pilar de la Horadada, por seis millones de euros, una resolución que firmó el entonces consejero, Esteban González Pons. La propuesta de Sedesa era la tercera en orden de puntuación, “por lo que vuelve a ser evidente que también se adjudicó de forma indebida”, denunció Torres. Además, en este caso “también se dio la circunstancia poco casual de que el gerente del Ivvsa en aquel momento era Felipe Espinosa Bolaños, que después fue nombrado gerente de Vaersa y al que unen vínculos de amistad con el expresidente Francisco Camps, con el propio González Pons y con Gerardo Camps —exconsejero y diputado nacional—, puesto que compartió estudios con los tres”.

En abril de 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transportes “volvió a seguir una trayectoria similar” al adjudicar a Sedesa la construcción del puente sobre el río Bergantes en la CV-14 en Sorita, por 2,4 millones de euros. Pese a que en el acta se hace constar que se adjudica a dicha empresa por haber obtenido “la mejor puntuación”, “la realidad es que en dicho documento se observa que es la segunda en orden de puntuación total”, advirtió Torres, que añadió que “se ha pervertido el proceso de libre concurrencia e igualdad” en la contratación.