Las sanciones hacen caer en picado la prostitución de carretera

La presencia de prostitutas en las carreteras catalanas ha descendido casi un 60%, tanto en las vías de titularidad estatal como en las de la Generalitat y la Diputación, donde desde hace un año que se aplica la normativa que permite multar a prostitutas y a sus clientes. El descenso es atribuible, según el departamento de Interior, a las sanciones de la policía en las vías autonómicas.

Sin embargo, en la N-II, donde los agentes no pueden multar pero si levantar acta, el descenso se atribuye a las obras, a la desaparición de los camiones —que desde abril tiene prohibida la circulación— y a la presencia policial. Pero la crisis también afecta.

En el primer año de aplicación de la denominada Operación Voral, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha puesto 1.061 multas de las que por el momento sólo ha cobrado 30 y ha levantado casi 300 actas en vías estatales. Ahora ya no multan ni levantan actas porque las meretrices se han ubicado a unos 50 metros de las vías. Algunas de ellas explican que la policía les dijo que alejándose esta distancia de la calzada no tendrían motivo para actuar.

El perfil de la trabajadora sexual en las carreteras de Girona es una chica de entre 20 y 35 años procedente de Rumania y Bulgaria, sin pareja, con hijos pequeños y que abandonó un trabajo poco cualificado para venir a España. Una vez aquí dijo a su familia que trabajaba en la restauración.

La realidad es otra. Bajo mini tangas, bikinis o vestidos sedosos de colores chillones, esperan a pie de carretera que algún cliente pare y les dé 20 euros por una felación o 30 por un “completo”. Si piden 40 euros “se van”, aseguran. Este es el caso de Ana María. Hace sólo una semana que está en Girona. Se instaló en Figueres, pero “el primer día me multaron y decidí venir aquí”, a la N-II en Tordera (Maresme). Sobre unos zapatos satinados de 10 centímetros, Ana María, con los hombros quemados por el sol, quiere probar fortuna en su metro cuadrado, pero sólo tiene unos tres clientes diarios, y cree que ellos “tienen miedo de la policía”.

En las vías estatales, como la N-II, se han levantado 288 actas

También en la N-II, unos kilómetros más al norte está Asha, una búlgara curtida de pelo rubio: “Yo de aquí no me voy”. Tiene 30 años y hace 12 que ofrece sus servicios en el mismo lugar. Está contenta porque tiene clientes fijos: "Si no les conozco no hago nada, por seguridad”. Reconoce que paran menos coches. Nunca le han levantado un acta, aunque la policía aparcó varios días junto a ella para convencerla de que se fuera. “Querían convencerme para que me fuera, pero ellos ya no vienen y yo sigo aquí”, mantiene con sonrisa pícara. Ahora trabaja, como todas, en un camino a unos 50 metros de la N-II, en un camino en el que los mossos, como en tantos otros, pusieron una cinta de precinto policial para dejar huella de paso. “Trabajo sola, pero hay muchas que tienen miedo y están de dos en dos”.

A pesar de la presencia de una decena de chicas en sus sillas en la N-II entre Tordera y unos 10 kilómetros más al norte, la imagen de la carretera dista mucho de la de un año antes, cuando ocupaban gran parte del arcén de la vía separadas por escasos metros. Desde Interior han contabilizado en Girona una gran disminución. De las 109 prostitutas que tenían censadas en junio del año pasado se ha pasado a las 40-45 de este, teniendo en cuenta un ligero repunte en verano.

“Hacía unos diez servicios al día; ahora solo cuatro o cinco”

Este descenso se percibe fácilmente en las vías de titularidad autonómica. Entre la salida 5 de la autopista y l'Escala, lugar donde eran habituales, ya no hay, y de la quincena que podían encontrarse en la C-260 entre Figueres y Roses antes de la aplicación de esta medida punitiva, se ha pasado a media docena. Cristina, que está en una de las rotondas de Castelló d'Empúries, es una rumana morena con mucho sentido del humor que reconoce que la han multado “muuuuuuchas veces”, a ella y a sus clientes, “pobrecitos, que pena, —dice sonriendo— uno pagó 300 euros en mano”. La clientela le ha bajado mucho, “hacía unos 10 servicios diarios y ahora solo 4 o 5”. Aunque la han multado muchas veces, no ha pagado nunca “porqué ya no vivo en mi antigua dirección”. Asegura que “el cliente al que pillan no vuelve”, pero también que su clientela es fija.

El director de los servicios territoriales de Interior en Girona, Albert Ballesta, explica que el procedimiento de este tipo de sanciones “es muy complicado porque aplica la normativa de carreteras y el régimen sancionador general”. En las vías estatales, como la N-II, paraíso de la prostitución en tierras gerundenses, se han levantado 288 actas. Con estos resultados, el SCT ha conseguido recaudar, a 2.000 euros cada expediente, un total de 60.000 euros. Por provincias, en Barcelona se pusieron 613 denuncias, 349 en Girona, en Tarragona 94 y sólo 4 en Lleida. Los datos muestran que el 59,5% de los multados son extranjeros y el 23,7% tiene permiso de residencia.

Cristina: “Me han multado “muchas veces, a mi y a mis clientes, pobrecitos”

En las comarcas gerundenses, Ballesta asegura que “la presencia policial en días puntuales ha funcionado tan bien como las sanciones”. A diferencia del resto de Cataluña, donde se han multado más prostitutas, el director de Interior asegura que en Girona, se ha sancionado más a los clientes, en un 60%, “porque vimos que si haces desaparecer la demanda, cae la oferta” y mantiene, con un punto de orgullo, “nos ha dado buenos resultados. Aquí existe cierta moralina o punto moral que hace que un cliente de la provincia que sea pillado una vez, no vuelva”, apunta. Además, también asegura que solo pagan los clientes y que para evitar que la sanción llegue a sus casas, “muchos de ellos lo hacen efectivo en el mismo lugar y también hemos detectado que gran parte dan una dirección diferente de la del carné de conducir”.

Ballesta reconoce que la normativa establece que si no hay afectación viaria, lo que está determinado a partir de 50 metros de distancia del eje de la vía, no se puede multar ni levantar acta. No obstante, se muestra convencido que “no ha sido la policía la que da estas explicaciones a las meretrices”.

Por su parte, los agentes de Extranjería de la Policía Nacional también realizan periódicamente controles a las chicas para tomar los datos a las nuevas, comprobar que todas tienen los papeles están en regla, y tener al día su censo. Normalmente, todas ellas se encuentran en situación legal en el país, teniendo en cuenta que proceden en más de un 90% de Rumania y Bulgaria, países de la Unión Europea. El objetivo principal de los agentes, explica el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Girona, Antonio Bragado, es que “en una de estas visitas rutinarias alguna de las chicas se atreva a denunciar que es víctima de una red que la explota y podamos detener a sus responsables para llevarlos delante de la justicia”.