El PP justifica la ayuda a la fábrica de Poio en situación irregular

El Partido Popular salió ayer en defensa de la industria conservera Pescamar a raíz de la información de este periódico que desveló que la Consellería do Mar le dio una subvención de 545.000 euros en 2011 para un periodo de cinco años pese a que parte de sus terrenos en Poio estaban sometidos a una concesión sobre el dominio público que caducaba en 2014 y que la propia convocatoria de ayudas reclamaba tener todas las concesiones en regla. El diputado popular Román Rodríguez manifestó que la ayuda “se hizo con todos los controles y fue totalmente efectiva”. La gerente de la empresa es Lupe Murillo, concejal por el PP en Pontevedra entre 2007 y 2011.

Los populares fueron ayer un paso más allá de la escueta respuesta ofrecida por la Consellería do Mar a este periódico en la que se limitó a asegurar que la ayuda cumplía la normativa. El PP especificó que los bienes adquiridos por Pescamar con la subvención de la Xunta fueron equipos informáticos “y, en el peor de los casos se trata de material movible”, según recoge Europa Press. Ni la Consellería do Mar ni la empresa habían precisado este extremo cuando EL PAÍS les pidió su versión. El diputado Román Rodríguez criticó además que se “intente hacer ver” que la concesión de la subvención se debe a que “la gerente es del PP” y aseguró que no ese no fue el motivo.

El portavoz municipal del PP en Poio, Ángel Moldes, se refirió también al asunto y defendió el papel de la empresa en la localidad con sus “2.000 empleos directos y muchos más indirectos” y sus patrocinios de actividades culturales y de clubes deportivos. “Me es indiferente que su gerente, en este caso sea del PP, como si no les”, afirmó Moldes para insistir en la labor “fundamental” que desempeña de la conservera. El portavoz de los populares de Poio aprovechó para criticar el plan de urbanismo de ese Ayuntamiento, gobernado por el PP, ya que a su entender siembra “dudas” sobre las posibilidades de expansión que permite a las instalaciones de Pescamar.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Costas, las empresas que ocupan dominio público, como es el caso de esta conservera, ya pueden optar a una prórroga de la concesión.