Justicia no rectifica en el caso de la niña a la que denegaron la ciudadanía

“Han reconocido el error, pero no lo han rectificado”. La lucha de la familia congoleña afincada en Galdakao a la que denegaron la nacionalidad de su hija de 3 años por no mostrar “buena conducta” sigue su curso en la Dirección de Registro y Notariado, sin que desde Madrid hayan hecho nada para solventar el fallo. Ni que el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Rubén Baz, reconociera públicamente “el error en la resolución” ha supuesto agilizar el proceso.

La indignación es palpable en el entorno de la menor, al que da voz el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro, responsable del recurso, ya en trámite. “¿Si han reconocido el error, para que me hacen recurrir? Los retrasos en las resoluciones que maneja ahora mismo la institución superan los 24 meses”, asegura. “Deberían existir mecanismos para agilizar estos casos sobre todo si es un error”, cuenta. Y advierte: “Puede que el recurso no prospere a nuestro favor y que tenga que alargar el proceso en la Audiencia Nacional durante otros tres años. A este paso, la niña estará casada cuando se rectifique en el papel lo que ya se ha hecho públicamente”, sentencia.

Dos fueron las razones por las que el Ministerio de Justicia dictó en contra de la menor: por un lado, no justificar la "buena conducta" que exigen el artículo 22.4 del Código Civil y por no tener, según la resolución, su documentación en regla a pesar de contar con un permiso de residencia en España hasta el año 2017. Baz reconoció a este periódico que se trataba de un "error en la resolución" porque el certificado de antecedentes penales "no se exige" a los menores de edad. Además del caso de la niña afincada en Bizkaia, CEAR ha detectado otra veintena de casos similares en Andalucía. No obstante, la organización viene denunciando en los últimos meses un cambio en la interpretación de la legislación tras implantarse el Plan Intensivo de Nacionalización (PIN) con el que el Gobierno de Mariano Rajoy pretendía agilizar los trámites que pretendía agilizar los trámites de los más de 400.000 expedientes retrasados con los que se encontró al llegar al Ejecutivo en noviembre de 2011.