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Entidades sociales catalanas reivindican el sistema de acogida familiar

La FEDAIA califica como "aislado" el caso de Castelldans, y teme que se cuestione el proceso de validación de las familias

Jessica Mouzo

Una decena de organizaciones catalanas que trabajan en proyectos de acogida familiar han reivindicado esta mañana la fiabilidad de los sistemas de protección y acogimiento para niños en riesgo de exclusión social o desamparo. Las entidades se han desmarcado del caso del presunto pederasta de Castelldans, David Donet, que acogió a 14 menores durante 16 años y fue detenido por un delito de abusos sexuales y posesión de pornografía infantil, al calificar los hechos como “graves pero aislados” y han tendido la mano a la Administración para acordar más controles de seguimiento y evaluación de las familias acogedores. “No podemos poner en crisis el sistema de acogida por estos hechos porque es un valor que tiene esta sociedad”, ha apuntado la vicepresidenta de Fedaia, Conxi Martínez.

Las organizaciones, reunidas dentro de la Federación de entidades de Atención a la Infancia (FEDAIA), han confirmado que la fundación Concepció Juvanteny, que controlaba los procesos de acogida familiar de Donet, hace años que dejó de estar federada con ellos, por lo que desconocen “cómo han llevado a cabo el proceso de validación”. Según la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, los inspectores de esta entidad realizaron hasta 34 informes de control sobre los menores. Aunque la Generalitat obliga a realizar, al menos, un informe de seguimiento a la familia y al entorno de acogida cada seis meses, el portavoz de la Cruz Roja de Cataluña, Jordi Ripoll, ha asegurado que las entidades de FEDAIA llevan un control más exhaustivo. “Normalmente, cada trimestre hacemos un informe. El seguimiento es una actividad continuada, de estar en contacto con psicólogos, terapeutas, ‘splais’ y casales, etc. Es habitual que con este seguimiento tengamos entre cuatro, cinco o seis informes anuales”, señaló.

Las organizaciones han mostrado su preocupación por que los últimos sucesos en Castelldans “pongan en cuestionamiento el sistema de protección de la acogida familiar” y se han ofrecido a colaborar con la Administración en las nuevas medidas de control, aunque han declinado valorar la iniciativa anunciada por Munté de realizar test psicotécnicos a las familias de acogida para detectar posibles patologías. Si bien han tendido la mano al Gobierno catalán para mejorar los procesos de validación de los acogedores, la representante del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, Encarna Martín, ha puntualizado que el seguimiento de las familias de acogida “no se puede convertir en una persecución”. Las agrupaciones federadas han apuntado que el trabajo con los acogedores ha de realizarse “desde la confianza”.

Asimismo, las entidades han remarcado que los procesos de selección de las familias son muy rigurosos y, a pesar de la poca demanda, alrededor de un 50% de las solicitudes son desviadas a otras alternativas porque no cumplen todos los requisitos para la acogida.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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