El maquinista se despistó porque creía que estaba en otro tramo y frenó tarde

El maquinista del tren siniestrado en Santiago, Francisco José Garzón, quedó ayer en libertad con cargos tras testificar durante dos horas ante el juez que instruye la causa por el accidente ferroviario más grave de las últimas cuatro décadas y en el que murieron 79 personas el pasado miércoles. Deberá comparecer semanalmente en el juzgado y devolver la licencia durante seis meses, con lo que queda inhabilitado para pilotar trenes hasta febrero de 2014. También se le ha retirado el pasaporte por igual plazo. En su relato, que comenzó a las ocho de la tarde del domingo en los juzgados de Santiago, el conductor admitió su responsabilidad en el siniestro. Reconoció que entró a 190 kilómetros por hora en la curva de Angrois, un tramo limitado a 80, por “un despiste”, y que esa fue la razón del descarrilamiento: pensó que se encontraba en otro tramo del recorrido y por eso frenó cuando era demasiado tarde. Garzón evitó quejarse del trazado, las condiciones de la vía o el estado del tren, según fuentes judiciales.

[En su testimonio, el maquinista también dijo que creyó que no estaba en este punto del recorrido y que cuando quiso frenar, "que llegó a hacerlo", ya era demasiado tarde, informa Efe].

Oída su explicación, el fiscal del caso, Antonio Roma, evitó pedir cárcel y se conformó con esas medidas cautelares. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia informó al filo de la medianoche de que se le imputan “79 delitos de homicidio y una pluralidad de delitos de lesiones, todo ellos cometidos por imprudencia profesional”. Es la hipótesis que ha manejado desde el principio la policía, que al día siguiente del siniestro fue a arrestar a Garzón a la habitación 381 del hospital Clínico de Santiago, donde permanecía ingresado como una víctima más, con nueve puntos de sutura y una brecha en la cabeza.

A su llegada al edificio judicial, sobre las 18.20, en el límite del plazo máximo de 72 horas de detención legal, los agentes formaron un cordón para mantener a la prensa alejada, del otro lado de la calle. El coche policial entró por el garaje para evitar los flashes de las cámaras y llevó al detenido (esposado, con gafas de sol y un visible hematoma en la cabeza) ante el juez. El inicio del interrogatorio se demoró para que los abogados pudieran repasar el voluminoso atestado policial con la información recopilada en los últimos días. Hasta las ocho de la tarde no empezó a testificar, en presencia de su abogado, los del resto de las partes personadas (incluida Renfe que podría ser considerada responsable civil subsidiaria), y el representante del ministerio público.Antes, se realizó una diligencia relacionada con el móvil del acusado y un forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia certificó que está en condiciones de declarar para mantener las garantías procesales.

Por otra parte, Allianz Seguros, la compañía a la que Renfe Operadora adjudicó el seguro obligatorio de accidentes de viajeros, ha anunciado que asumirá una indemnización de 60.000 euros por cada una de las 79 víctimas mortales del accidente de tren ocurrido el pasado día 24 en las inmediaciones de Santiago de Compostela. En un comunicado, la aseguradora ha indicado que las indemnizaciones en el caso de los lesionados oscilarán entre los 1.500 y los 70.000 euros, según el baremo de la gravedad de las lesiones.

El testimonio del conductor es clave para saber qué pasó el miércoles a las 20.41 horas en la curva de A Grandeira para que descarrilasen sus dos locomotoras y los ocho vagones con el resultado provisional de 79 viajeros muertos y otros tantos heridos. Todo apunta a un exceso de velocidad, pero solo quien llevaba los mandos podía aclarar si fue propiciado o agravado por algún fallo mecánico o de seguridad o si se trató de un fatal despiste.

Las respuestas del maquinista, anoche en sede judicial, apuntalan la tesis del “fallo humano”, principal argumento manejado por la policía, Renfe, Adif y varios miembros del Gobierno desde los minutos posteriores a la catástrofe. Esa línea de investigación fue la que llevó a los agentes a leerle sus derechos el pasado viernes y comunicarle el arresto. A media mañana del sábado, cuando recibió el alta médica en el Clínico, los policías lo trasladaron a la comisaría compostelana, donde el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofrecía una rueda de prensa sobre el caso y en la que se abrazó la misma tesis. “Qué duda cabe de que existen indicios racionales para creer que pueda tener una responsabilidad eventual en lo sucedido”, explicó Fernández Díaz con los micrófonos abiertos. El instructor de la causa no había dado hasta anoche ningún paso en esta dirección e incluso se apresuró a aclarar (a través de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia) que el arresto no había sido cosa suya sino de la policía. Los presidentes de Adif y Renfe, que cuatro días después aún no han comparecido públicamente para informar del siniestro, abrazaron desde el principio la tesis de la imprudencia, según han repetido en entrevistas sueltas con algunos medios de comunicación. Varios miembros del Gobierno de Rajoy mantuvieron en privado durante las visitas a Galicia ese mismo discurso.

Todas esas acusaciones más o menos veladas se apoyaban en la llamada que el maquinista, natural de Monforte de Lemos, hizo al servicio de incidencias 24 horas de Renfe, segundos después del choque y cuando aún no sabía de la existencia de víctimas. En esa conversación telefónica, el conductor aseguró que entró a 190 kilómetros por hora en esa curva complicada, cuando faltaban cuatro kilómetros para parar en la estación del centro de Santiago. El contenido íntegro de la grabación, que desde el mismo miércoles está ya sobre la mesa del juez, no ha trascendido. Pero sí, los lamentos y buenos deseos del conductor tras estrellarse: “Somos humanos, somos humanos”, “pobres viajeros” y “espero que no haya muertos porque caerán sobre mi conciencia”.

Desde el mismo momento del siniestro, la tesis del error humano se ha abierto paso en los despachos gubernamentales, sin esperar a que se conozca el contenido de la caja negra, una especie de caja negra que registra los últimos movimientos de la máquina. Durante todo el fin de semana, permaneció baja custodia policial a la espera de que el juez pida acceder a su contenido con el apoyo de un perito informático.

Las meras preguntas sobre si basta el error de una persona para generar una catástrofe como la de Angrois o si falló algún sistema de seguridad lo han interpretado la Xunta y el Gobierno como un debate interesado para desprestigiar la red de AVE española, una de las principales apuestas para internacionalizar la economía con contratos en Brasil, Rusia, Estados Unidos y Kazajistán.

No son los únicos intereses a dirimir en esta causa. Con su sentencia al final del proceso, la justicia determinará quién debe hacer frente al pago de cuantiosas indemnizaciones a las víctimas. Es la razón que ha llevado a Renfe a personarse en el proceso como parte interesada. En juego está, la responsabilidad civil subsidiaria del desastre.