CDC y el Palau: más que conjeturas

Artur Mas afronta mañana su primera comparecencia en el Parlament para dar explicaciones por la implicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso Palau.Todo apunta a que el presidente de la Generalitat no añadirá nada nuevo a lo que ya ha dicho desde que estalló el escándalo y se limitará a negar que el partido haya cobrado comisiones —5,1 millones, según el juez— a cambio de la adjudicación de obra pública a Ferrovial.

El guion exculpatorio de la formación nacionalista pivota sobre tres ideas-fuerza. La primera, que los responsables de finanzas del partido —el extesorero Daniel Osácar es uno de los imputados— han negado rotundamente los pagos ilícitos. Aunque fue apartado del cargo poco después de las elecciones que le auparon al poder, en 2010, Mas cree en la palabra de Osácar y confía en su inocencia. La segunda, que no se han detectado irregularidades en los concursos, una realidad admitida por los investigadores. Y la tercera, consecuencia del anterior, que no hay pruebas sólidas para sostener que hubo financiación ilegal.

La conclusión de los investigadores “no tiene ninguna base” y se apoya en “puras suposiciones”, dijo Mas tras conocer el último escrito del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. El presidente rechazó entonces comparecer en la cámara autónoma; tampoco lo hizo en la comisión de investigación de 2010. Un mes más tarde, sin embargo, el magistrado Josep Maria Pijuan ratificó las tesis de la fiscalía y dio por concluida la investigación cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra registraran el Palau, víctima de un expolio de 26,5 millones. Solo entonces, y arrastrado por la presión de la oposición, Mas solicitó comparecer.

El próximo paso de la investigación es la apertura de juicio oral. Por ahora, cabe hablar de “indicios racionales” de delito. A tenor del juez y el fiscal, esos indicios tienen suficiente peso como para considerar a Convergència responsable civil a título lucrativo e imponerle una fianza de 3,3 millones. Estos son algunos de los “indicios sólidos y plurales”, que no “meras conjeturas” —son palabras del juez— que perfilan la implicación de CDC en el caso.

Testigos de las reuniones. Diversos testigos han explicado cómo el extesorero Carles Torrent —muerto en 2005— visitaba con frecuencia al saqueador confeso del Palau, Fèlix Millet, en su despacho. Esos breves encuentros servían “para recoger el dinero en efectivo que Millet le entregaba”, según el instructor. Una de las tres secretarias de Millet, además, afirmó haber visto en una caja de seguridad del Palau “sobres gruixudets” con billetes de 500 euros.

Las agendas de Millet. Uno de los documentos más valiosos del sumario son las agendas de Millet, donde se recogen las reuniones que el otrora factotum del Palau mantuvo con altos responsables políticos, incluidos Torrent y el exdiputado de CiU Jaume Camps (también imputado) o el directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura.

La anotación de “Daniel”. La agenda de la exdirectora financiera, Gemma Montull, también deparó sorpresas: allí consta un documento que incluye pagos a un tal “Daniel”, identificado más tarde como Daniel Osácar. Las defensas creen que esa alusión es insuficiente para acusar al extesorero.

Uno de los documentos más valiosos del sumario son las agendas de Millet

Carpetas y obras. En otras carpetas se hallaron anotaciones relativas a las obras de la Ciudad de la Justicia, adjudicadas por 263 millones. Los papeles citaban un 4% y su correspondiente reparto. Ese es el porcentaje, según los investigadores, de las mordidas. Según el juez, cuatro obras centran las sospechas: además de los juzgados, la línea 9 del metro, un pabellón en Sant Cugat y el revestimiento de una acequia del Ebro. Ferrovial enmascaró los pagos como patrocinios al Palau y Millet ejerció como intermediario a cambio de una comisión.

Concursos impecables. Uno de los argumentos que esgrime la defensa es que no hay indicios de que las adjudicaciones hayan vulnerado la ley. Aunque estas no resultaran “arbitrarias” o “irrazonables”, eso no significa que no exista un delito de tráfico de influencias que haya favorecido esas adjudicaciones. Según juez y fiscal, Convergència y Ferrovial suscribieron un “pacto criminal” entre 1999 y 2009 para asegurar un flujo de adjudicaciones. La compañía recuerda que obtuvo siempre la mejor puntuación en esas obras.

Los caminos del dinero. El “flujo de fondos” de Ferrovial a CDC llegó por tres vías. 1) Las entregas de dinero en efectivo (2,3 millones) a los extesoreros. 2)Las facturas falsas (2,1 millones) que cinco empresas emitieron a la institución musical por trabajos inexistentes o servicios, que, en realidad, prestaron a Convergència; por ejemplo, de buzoneo electoral. Y 3) La Fundación Trias Fargas.

El rol de la Trias Fargas. La fundación, afín a CDC, firmó “convenios de colaboración aparentes” con el Palau por 630.655 euros. La fundación, rebautizada como CatDem, se ha comprometido a devolver el dinero.

Los nombres de CDC. Además de los imputados Osácar y Camps —que, supuestamente, cobró por mediar en el pago de comisiones— hay otros nombres que aparecen relacionados con el Palau de Millet. Como Àngel Colom, secretario de Inmigración del partido, que percibió 75.000 euros que ya ha devuelto. El juez y el fiscal creen que en el cobro de comisiones participaron “otros altos responsables del partido” que ejercieron “el necesario ascendiente” sobre los cargos públicos. Pero no han podido ser identificados. Esteve Escuer, miembro del consejo nacional de CDC, recibió 13.000 euros del Palau, aunque él creía que procedían del patrimonio personal de Millet. Y Marc Puig —exalto cargo de Pujol y cargo de confianza de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona— figura como responsable de una de las empresas que facturó al Palau trabajos ficticios.