“Si fuese imputado, presentaría mi renuncia”

Alberto Fabra dedicó una buena parte de su balance de dos años al frente del Consell a reivindicar la honradez y la “ejemplaridad”. Pero cuando le formularon preguntas concretas se remitió a los juzgados. El presidente recordó sus ya conocidos criterios de apartar de los cargos de la Generalitat, de las responsabilidades internas en el PP valenciano y de la dirección del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas a los imputados en casos de corrupción.

Otra cosa fue explicar, por ejemplo, por qué no quiere reabrir la comisión de investigación sobre el accidente del metro, abierta y cerrada en época de Francisco Camps, con todo lo que se sabe ahora, o la del caso Emarsa, que se cerró también con los votos del PP, ya en su mandato, descartando responsabilidades políticas en la Generalitat cuando el juez acaba de imponer fianzas de 12,7 millones a dos cargos de la entidad de saneamiento que las conclusiones exculparon.

“Tengo más confianza en la justicia que en cualquier otro ámbito”, fue su respuesta. Añadió que el caso del accidente del metro de Valencia de julio de 2006, aunque la fiscalía pida ahora a la juez que se reabra, fue objeto de sentencia judicial y en ella se atribuyó la tragedia al exceso de velocidad del convoy que descarriló.

Preguntado explícitamente sobre su actitud en el caso de verse imputado, Fabra respondió que tiene “la conciencia muy tranquila”. “Si estuviese inmerso en un proceso judicial, lógicamente, presentaría mi renuncia”, dijo, antes de advertir: “No vale que alguno quiera usar la justicia para que yo salga de la política. Que nadie crea que para evitar que esté en política puede presentarme denuncias. No voy a dar pie a que nadie use atajos para desestabilizar a la institución o al PP”.

Fabra se quejó de la poca celeridad de la justicia, se mostró favorable a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sacó pecho: “En estos dos años que yo llevo como presidente no se ha producido ningún caso y voy a seguir trabajando para que no haya ninguna apertura de juicio porque no haya posibilidad alguna mientras yo esté al frente de la presidencia”. Endosó así, sin nombrarlo, a su predecesor la herencia de casos de corrupción que afecta al PP en las Cortes, la Administración autonómica y Ayuntamientos como los de Alicante y Castellón. Fabra no nombró a Francisco Camps ni para recordar que su dimisión por el caso Gürtel le permitió a él convertirse en inquilino del Palau de la Generalitat.