Fabra quiere modificar el Estatut con otra reforma todavía pendiente

Una reforma del Estatut d’Autonomia duerme el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Corría mucha prisa cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero vivía en la Moncloa. Desde que llegó Mariano Rajoy a aquel palacio, todo han sido excusas. La reforma, pendiente de defensa por representantes de las Cortes Valencianas, blindaría, más simbólicamente que en la práctica, las inversiones del Estado en territorio valenciano. El PP se opuso inicialmente a que una garantía de inversiones en función de la población o el PIB figurara en otros estatutos, la recurrió ante el Constitucional y, cuando vio que era legal aunque no obligaba al Gobierno, la esgrimió como arma de presión contra Zapatero.

Este viernes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, convirtió otra reforma del Estatut en el principal anuncio de su comparecencia ante los periodistas en el segundo aniversario de su llegada al cargo. El Consell aprobó un anteproyecto que concreta lo que Fabra anunció en su primer aniversario, es decir, la reducción de 99 a 79 en el número de diputados en las Cortes Valencianas. “Hay que contar con el apoyo del resto de grupos”, reconoció el jefe del Consell, que añadió: “Espero que no busquen excusas”.

Fabra justificó la reducción de los diputados en la austeridad. Mencionó que ya se ha decidido reducir, “especialmente, los gastos”, aunque también el número de miembros, de los organismos estatutarios (algo que, sin embargo, todavía no se ha concretado en un acuerdo con la oposición) y dijo que la rebaja de 20 diputados supondría un ahorro de más de 700.000 euros al año.

La iniciativa no saldrá adelante sin un pacto con la oposición

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, explicó que el anteproyecto prevé modificar el artículo 23.1 del Estatut para reducir un 20% el número de diputados, y el artículo 24, para rebajar de 20 a 15 el número mínimo de parlamentarios elegibles por circunscripción. Ciscar negó que la maniobra perjudique a las formaciones minoritarias, recordó que su aprobación exige los dos tercios de los votos de las Cortes Valencianas y no descartó una reforma más amplia de la Ley Electoral Valenciana, aunque ahora mismo no se contempla.

El vicepresidente reconoció, a preguntas de los periodistas, que la reforma exige un referéndum, dijo que “se juega con los tiempos”, en relación con la reforma pendiente en el Congreso, a la que no habían aludido ni él ni Fabra, y no descartó que pudieran unificarse de alguna manera que no precisó. Ciscar no consideró imposible que la reforma pudiera votarse en referéndum coincidiendo con las elecciones autonómicas de 2015. “Podría estar. Eso sí que lo hemos calculado”, señaló.