El TSJ da un plazo de dos días para alegar al auto de la parte valenciana de Nóos

La decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) sobre la parte valenciana del caso Nóos aún se hará esperar. El secretario de la Sala de lo Civil y Penal ha dado traslado hoy de una diligencia en la que se da dos días de plazo a las partes personadas en la causa para consultar el auto por el que el juez de Palma José Castro se inhibió en favor del tribunal valenciano al considerar que hay indicios de que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pudieron cometer supuestos delitos de malversación y prevaricación al contratar con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

La diligencia emplaza al fiscal y el resto de partes, entre ellas la Generalitat valenciana, los socialistas del Ayuntamiento de Valencia y los principales encausados, para ver y en su caso alegar lo que estimen oportuno sobre la petición de Castro de que el TSJCV asuma la parte de la causa que afecta a los negocios de Nóos en la Comunidad Valenciana. 

De esta forma culmina el plazo que dio el propio juez de Palma a las partes para que se personaran en el TSJCV. Una vez hayan recibido el auto de inhibición de Castro, la Sala de lo Civil y Penal del TSCJV decidirá si admite o no la competencia sobre los hechos relatados por el juez de instrucción de Palma, y sobre una posible imputación de Camps y Barberá.

Dado que el plazo dado por el secretario de la Sala es de dos días hábiles, el trámite de entregar el auto de Castro a las partes no terminará hasta el martes, lo que hace improbable que el TSJCV pueda pronunciarse sobre su competencia en el caso antes de septiembre, dado que las vacaciones judiciales comienzan el 1 de agosto.

El juez Castro envió el pasado mayo a Valencia una exposición razonada de su investigación en la que atribuía a Camps y Barberá supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales. El Instituto Nóos se embolsó más de tres millones de euros con los contratos firmados con una sociedad de la Generalitat y la fundación municipal de Turismo para organizar los llamados Valencia Summit entre 2004 y 2006, y unos Juegos Europeos que nunca se celebraron.

El magistrado de Palma Castro afirmaba en su auto que aquellos contratos se firmaron sin concurso y “no obedecían a procurar el interés general”, sino “solo al deseo de doblegarse a las exigencias de don Iñaki Urdangarin”.