Los visitadores de la trama Gürtel

La trama organizó dos días de reuniones con los responsables de las consejerías que ponían problemas para pagar las facturas irregulares

Alberto López Viejo pasaba frente a Aguirre en 2009 en la Asamblea de Madrid. Al fondo, Benjamín Martín, también imputado.
Alberto López Viejo pasaba frente a Aguirre en 2009 en la Asamblea de Madrid. Al fondo, Benjamín Martín, también imputado.Luis Sevillano

La Intervención General del Estado (IGAE) ha enviado al juez que investiga la trama Gürtel, Pablo Ruz, un detallado informe sobre cómo este grupo dirigido por Francisco Correa lograba los contratos de la Comunidad. En total, 5,1 millones, de los que 240.00 euros fueron para Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre. Los auditores explican con detenimiento su modus operandi e, incluso, los problemas que tenían, consejería por consejería, para convencer a sus responsables de que pagasen las facturas que les giraban. Si estos no pagaban, los miembros de la trama les visitaban para convencerlos o pedían a Alberto López Viejo que lo solucionase. Todo quedó escrito en un documento que halló la policía y que se denomina Informe sobre visitas a las consejerías.

 Según los investigadores, “las conclusiones obtenidas” tras analizar estos nuevos documentos y que complementan un anterior informe de abril pasado, “siguen siendo válidas”.

Este es su resumen:

“El Grupo FCS [iniciales de Francisco Correa Sánchez] de forma artificial fraccionaba el objeto del contrato [que lograba de las consejerías] mediante la emisión de varias facturas siempre por importe inferior a 12.120,24 euros con el fin de eludir los requisitos de publicidad o relativos al procedimiento de adjudicación”. Por encima de esta cantidad hay que convocar un concurso o invitar a varias empresas para que presenten sus ofertas. Luego, el organismo que requiere los servicios decide de acuerdo con unos baremos legales. Todo está reglado.

El grupo de Correa facturó 5,1 millones de euros

Para evitar los controles, el grupo emitía facturas con diferentes empresas de su propiedad. Los auditores mencionan las siguientes: Easy Concept, ServiMadrid, Diseño Asimétrico y Bomerangdrive. “Posteriormente, el grupo [de Correa] actuaba en colaboración con otras empresas que inicialmente eran sus proveedores de servicios [FCS carecía de la infraestructura para darlos por lo que tenía que subcontratarlos]. El más importante era el Grupo Rafael, formado por las empresas Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble, Kilda Producciones y Dimo Stand, aunque también colaboraba con otras como Raro, Dinámica, Ilusiona, Latalatina y Apogee Telecomunicaciones”.

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Esta colaboración implicaba que los servicios que prestaban las subcontratas —las que hacían en realidad los trabajos— eran facturados directamente a la Comunidad, “pero siguiendo las indicaciones de FCS”. “Se había establecido un sistema de compensación cruzada, de forma que estas empresas colaboradoras facturaban y cobraban de la Comunidad y posteriormente las sociedades del grupo FCS les emitían facturas por un importe inferior, siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios de intermediación”.

El exconsejero López Viejo recibió 290.000 euros del entramado, según los investigadores

Pero el fraccionamiento de las facturas provocaba que algunas consejerías se negasen a pagar. Sus responsables (directivos o funcionarios) no entendían por qué un trabajo —en el informe mencionan 348 de ellos, desde el homenaje a las víctimas del 11-M hasta el belén navideño de la Puerta del Sol— estaba fraccionado.

Así, algunas consejerías pusieron trabas: pedían más datos, rechazaban el pago o daban largas. La trama decidió entonces llamarles por teléfono o visitarlos. El programa de visitas duró dos días (21 y 22 de julio de 2006). Los resultados quedaron plasmados en un documento que los investigadores hallaron:

Consejería de Cultura y Deportes. “De esta factura no se van a hacer cargo, lo que me dicen es que si lo encargó Presidencia, que lo paguen ellos”. (10.297,13 euros)

Dirección General de Deportes. “Estas dos facturas se las entregué en mano a Antonio Guerrero \[subdirector general\], ya que decía que no las tenía. Me dijo que las iba a tramitar y que si tenía cualquier problema nos llamaría” (12.153,80 euros).

Consejería de Presidencia. “Se las he vuelto a enviar a Edelmiro [Galván, jefe de Gabinete], ya que nos dice que no las tiene” (15.092,68).

Consejería de Inmigración. “Ya están en tesorería y entre mediados y finales de julio \[nos dicen que\] las pagarán” (23.170,36).

Consejería de Asuntos Sociales. “Me dice María del Mar Gil que estas facturas ya están tramitadas y en tesorería. No me ha confirmado cuándo nos la pagarán” (11.549,17 euros).

La esposa de López Viejo, imputada

Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo, ha sido imputada por el juez Ruz por una cuenta que abrió su marido en Suiza y de la que ella es apoderada. Gabarra ha sido llamada a declarar el próximo 16 de septiembre, junto con el exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; al exalcalde de Arganda del Rey Ginés López; el presidente de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, y el presunto blanqueador de Gürtel, Ramón Blanco Balín.

En un auto notificado ayer, Ruz decide la imputación de Gabarra tras conocer que, el 31 de mayo de 2002, López Viejo abrió una cuenta en la sucursal del banco Mirabaud& Cie de Ginebra, en la que su esposa figuraba como apoderada general.

Esa condición le otorgaba a Gabarra, según el juez, “facultades para todas las transacciones relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores”.

Dicha cuenta, añade el auto, se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393,75 libras esterlinas y 46.784,63 euros.

En esas fechas, López Viejo ocupaba el cargo de concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, cuando se adjudicó a la sociedad Sufi el contrato de “gestión del servicio público de limpieza viaria” en Moratalaz, “adjudicación respecto de la que se investiga el posible pago de comisiones”.

Consejería de Economía. “No puedo hablar con nadie, solo con Toñi (secretaria general técnica) y no quiere saber nada” (3.734,87).

Consejería de Empleo y Mujer. “De estas facturas Lourdes Berreda [subsecretaria] nos dice que no se quieren hacer cargo, ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto. Que ellos no pueden asumir costes tan elevados. Me ha dicho que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas, pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay manera. Y he hablado con Carmen [sin apellido] y le he comentado el problema. Me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero” (30.014,57 euros).

Consejería de Sanidad. “De momento no me puede decir nada, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente con los hospitales” (13.011,98 euros).

Finalmente, la trama escribe a Alberto López Viejo y le explica que están “teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad”. Detallan que las consejerías se niegan porque no han encargado los trabajos. “Cuando les llamas para reclamar, no te hacen caso. Te dicen que no tienen las facturas. Vamos en persona a cada consejería. Se las llevamos en mano. Cuando les vuelves a llamar, te dicen que siguen sin tener las facturas. También te dicen que tienen que hablar con sus jefes o con las personas que llevan el tema y siempre están fuera o de reuniones”.

Y ponen un ejemplo: “Hemos hablado con Antonio Puentes [de la Consejería de Educación]. Nos dijo que no estaba muy conforme [con las facturas] y desde ese día no se ha vuelto a poner al teléfono”.

Sobre la firma

Vicente G. Olaya

Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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