Una juez investiga si el presidente del PP de Almería benefició a empresas

La juez de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería), Tamara Martínez, ha ordenado investigar una presunta trama societaria vinculada a Gabriel Amat, alcalde de esta localidad y presidente provincial del PP. En un auto, la magistrada ha encargado a la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Financieros del Cuerpo Nacional de Policía que elabore un informe en el que se establezcan los nexos de un entramado que estaría compuesto por más de 100 sociedades vinculadas a cargos públicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, familiares y amigos. Estas empresas se han beneficiado supuestamente de la gestión urbanística realizada por el Ayuntamiento durante 17 años, desde que gobierna Amat, también presidente de la Diputación de Almería.

Este auto se produce como consecuencia de un decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía dictado tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). En esta denuncia, la asociación aportó una extensa documentación sobre distintas operaciones urbanísticas realizadas en el municipio, el segundo más poblado de Almería.

La juez solicita ahora en su resolución, como hizo hace un mes hizo la Fiscalía Superior, que se elabore un organigrama societario “que permita clarificar las posibles conexiones existentes entre las diferentes sociedades mencionadas en dicha denuncia". Además, la magistrada pide aclarar los miembros de esta red, así como la determinación a priori de las sociedades o personas que pudieran resultar presuntamente responsables” y después “localizar sociedades patrimoniales o instrumentales” en el caso de que existieran y se hubieran creado para ocultar “a los verdaderos propietarios”.

La magistrada solicita, asimismo, a la Fiscalía de Almería toda la documentación que ha aportado hasta la fecha AMAyT en su denuncia, acusación que se ha acumulado a otra ya existente.

Se trata de la formulada por la familia Kaiser en 1996 y tiene por objeto señalar supuestas irregularidades cometidas durante la aprobación del Plan de General Ordenación Urbana de Roquetas. El caso, conocido como La Fabriquilla, hace referencia a una posible actividad irregular en el Ayuntamiento roquetero al negarle a esta familia calificar como urbanizable parte de un suelo de su propiedad pero que, tres meses después, sí se recalificó una vez que esta familia lo vendió a una sociedad. Esta firma sí pudo, al contrario que ellos, beneficiarse económicamente de lo que este cambio en el PGOU supuso. La familia Kaiser investigó la sociedad y llegó a la conclusión de que cargos públicos podrían estar relacionados en la operación.

Así lo apunta también la Fiscalía del TSJA que, en su decreto de junio, pide que se investiguen las “tramas” que según la asociación AMAyT existen en Roquetas de Mar y a cuyos responsables se les podría imputar un presunto delito de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

La familia Kaiser también puso de manifiesto, como obra en la denuncia principal, otro hecho ocurrido años después, en 2007 cuando se concedió licencia de obra para la construcción de diez viviendas de lujo en un suelo calificado como terciario y no residencial.

Esta licencia ha sido paralizada por el TSJA y el exconcejal de urbanismo y exprimer teniente de alcalde con Gabriel Amat, José María González, ha sido imputado por presunta prevaricación.