Andalucía decidirá caso a caso si recusa al presidente del Constitucional

El Gobierno andaluz y el Ejecutivo central mantienen abiertos más de una quincena de litigios en el Tribunal Constitucional. La intención política de la Junta es plantear la recusación del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el PP, pero no quiere precipitarse presentando una censura en bloque. La decisión la deja en manos de los servicios jurídicos, que estudiarán con las consejerías qué hacer en cada caso.

“Desde el punto de vista político este gobierno ya ha manifestado serias dudas sobre la toma de decisiones por parte del presidente del Tribunal Constitucional tras conocerse que ha sido militante del PP”, ha afirmado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en Andalucía, llevó a la reunión semanal del Ejecutivo la recusación de Pérez de los Cobos para todos los litigios entre ambas Administraciones pendientes de resolución del Constitucional, pero los socialistas prefieren esperar a la opinión de los juristas.

El asunto que planteaba IU no iba en el orden del día del Consejo de Gobierno y, según el portavoz del Ejecutivo, solo se abordó “tangencialmente”. “No se ha tomado ninguna decisión. Es un tema que no se ha contemplado aún y que se verá de manera particular entre cada consejería y el gabinete jurídico”, sostuvo Vázquez, que insistió en que, desde el punto de vista político, el Gobierno andaluz no tiene dudas: “Todos estamos de acuerdo en que es una barbaridad que ocultara que era militante del PP, no se entiende, no cuadra dentro del funcionamiento normal de las democracias de nuestro entorno”. Pero la Junta cree que para pedir formalmente que se aparte al presidente del tribunal la argumentación tiene que estar “muy bien armada”. “Las decisiones en el ámbito judicial no las toma el gobierno reunido de manera colegiada, sino que se tiene que atender un procedimiento en función de la normativa”, afirmó.

El Gobierno y la Junta mantienen abiertos una docena de conflictos en el Constitucional. En siete de ellos es la Junta la que ha recurrido normativas estatales. Hoy mismo, la ley de costas, que, según el Ejecutivo de José Antonio Griñán, invade competencias autonómicas y supone una “regresión” sobre la protección del litoral. La Junta ha recurrido también varias normativas aprobadas por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico, las nuevas tasas judiciales, los recortes sanitarios y educativos y la liberalización de horarios comerciales.

El Gobierno central, por su parte, ha llevado en los últimos meses al Constitucional varias normas aprobadas por la Junta, entre ellas, la subasta de medicamentos y el decreto antidesahucios, que prevé expropiaciones temporales a los bancos cuando planeen a desahuciar a familias en riesgo de exclusión. El Ejecutivo de Rajoy tiene recurrida también la ley andaluza que establece la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación, además de la convocatoria de oposiciones para profesores de secundaria que quería ofertar la Junta. A estos recursos entre las Administraciones se suma el que registró el PP, en nombre de más de un centenar de ayuntamientos andaluces, sobre el canon del agua puesto en marcha por la Junta.