El Gobierno y la Junta vuelven a impulsar Las Aletas pese a los reveses judiciales

 El Gobierno central y la Junta de Andalucía no se rinden. Quieren convertir unas marismas desecadas en Puerto Real (Cádiz) en el mayor parque industrial y logístico de la bahía gaditana. Pero esta ocupación de dominio público marítimo terrestre se ha encontrado con muchos obstáculos. El más contundente, la sentencia del Tribunal Supremo que negó la reserva de suelo hecha por el Consejo de Ministros en 2007. Precisamente el siguiente paso será aprobar una nueva reserva que tendrá que pasar por otro Consejo de Ministros “previsiblemente en otoño”.

La nueva reserva de suelo tendrá en cuenta las directrices del Supremo que advirtió de que la primera propuesta era “extremadamente abierta” y “posibilitaba la realización de obras que iban a desnaturalizar los terrenos”. El tribunal atendía una denuncia de la asociación ecologista WWF Adena.

Los detalles de esa nueva reserva, todavía por concretar, serán los principales cambios de un proyecto que, por lo demás, seguirá la misma estela del presentado inicialmente. El suelo se dividirá en cuatro zonas: logística portuaria, logística especializada, empresarial e industrial y mixta, donde tendrán cabida otros servicios complementarios. “Hemos añadido 60 hectáreas a la zona logística y ampliaremos la zona ambiental, como recogía la sentencia”, explicó Pilar Platero, subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta del Consorcio de Las Aletas. La inversión prevista es de 300 millones de euros para generar unos 10.000 empleos, frente a la pretensión primigenia de 30.000 puestos de trabajo. Las obras pretenden retomarse en 2014. En la cuenta del Consorcio de Las Aletas hay más de 84 millones de euros esperando. También los presupuestos generales del Estado de 2014 contemplan una partida para el polígono.

La Junta propuso que parte de ese dinero sirviera para comprar los terrenos dejados por la multinacional Delphi pero el resto de miembros ha mostrado sus dudas, por lo que se redactará un informe jurídico que analice la legalidad de esa operación. Precisamente la multitud de suelos vacíos en el entorno fue una de las razones por las que un informe de la Demarcación de Costas desaconsejó seguir adelante con este proyecto. Los ecologistas también defendían que no tenía sentido ocupar suelo de dominio público cuando multitud de terrenos en el entorno permanecían vacíos.

La reunión de este lunes no ha abordado la ampliación del Consorcio que planteó el PSOE, que defendió que la Zona Franca, la Universidad y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz debían sumarse al organismo.

La vicepresidenta del Consorcio y consejera de la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, restó importancia a esta decisión. “Lo importante es que el proyecto coge ritmo y que los resultados saltan a la vista cuando las instituciones colaboran”. El Gobierno y la Junta ven bien que el proyecto se aparte de la confrontación política.