Segunda oportunidad en el Raval

El número cinco de la plaza del Pedró, en el barrio del Raval, es el paradigma de la especulación en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. En 2010, el bloque era propiedad de Dagar Inversiones, una inmobiliaria cuyo principal accionista es José Mestre Fernández, empresario imputado por tráfico de drogas. En 2011 la finca era propiedad del Banco de Valencia, entidad rescatada con dinero público y que fue absorbida por CaixaBank. Posteriormente, el edificio fue cedido a la Sareb (banco malo), también gestionada en parte con fondos públicos. Tras pasar al menos tres años vacío, el 8 de julio activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparon el inmueble con la intención de resucitarlo alojando en él a cuatro familias que no tenían casa. Reclaman un alquiler social que no sea superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Desde fuera, el viejo edificio no aparenta tener ningún encanto, más allá de las vistas a la plaza. El interior, sin embargo, está nuevo. Aunque fue rehabilitado en 2010, los servicios técnicos del Ayuntamiento no le han dado la cédula de habitabilidad por no cumplir los requisitos.

Los pisos fueron rehabilitados en 2010 y por dentro están nuevos

En la primera de las cuatro plantas vive Khady, una camerunesa de 33 años que lleva 12 viviendo en España. En 2008, compró un piso en Granollers con su ahora expareja y padre de sus dos hijas pequeñas. La perversión de su caso es un claro ejemplo de mala praxis bancaria. Cuando acudieron a la inmobiliaria para adquirir un piso, se encontraron con que la entidad bancaria les había metido una tercera persona en el contrato de hipoteca, otra inmigrante que no conocían. El agente inmobiliario lo justificó aduciendo que con los bajos ingresos de Khady no les concederían el préstamo. Así, se vieron metidos en una hipoteca cruzada.

Cuando ambos se quedaron en el paro, dejaron de pagar las cuotas. Khady prefirió anticiparse a lo que ya era un desahucio anunciado y devolvió las llaves del piso al banco. “Quería evitar que mis niñas presenciaran cómo nos sacaban a la fuerza”, reconoce. Tras la traumática decisión, la pareja se separó y ella se mudó a casa de su madre, Bombo, que también reside en Barcelona. Si bien consiguió firmar la dación en pago, Bombo también perdió su domicilio y, desde entonces, se aloja en una vivienda que le facilita Cáritas. Khady acudió a la PAH porque la situación era insostenible. Dormían bajo el mismo techo ocho personas: su madre, ella, sus hijas y sus tres hermanos —uno de ellos aquejado de una enfermedad mental—. “No puedo alimentar a mis niñas”, asegura. Con los 420 euros mensuales de ayuda que recibe Bombo comen todos.

La segunda planta es otro descubrimiento. Mientras en el primero hay dos pisos con dos habitaciones, comedor y baño, en el segundo, tercero y cuarto la estructura es otra. Donde supuestamente tenía que haber dos viviendas, hay cuatro de 30 metros cuadrados, que consisten en una sola pieza con cocina y baño. Uno de esos micropisos la ocupa Núria. Era empleada en una joyería cerca de la Sagrada Familia. Cuando el dueño decidió cerrar en 2008, ella pensó que a sus 58 años lo mejor que podía hacer era autoemplearse, así que capitalizó el paro para invertirlo en aquel negocio. “La joyería me costó créditos, pólizas de créditos y ahora soy morosa. En el banco me decían que, si no tenía dinero, me buscara la vida”, explica Núria.

La crisis se llevó la tienda por delante, su casa y, peor aún, su salud. A raíz del estrés y la ansiedad, Núria desarrolló un herpes zóster muy virulento que a punto estuvo de costarle la vida. No puede contener las lágrimas al recordar la sensación de quedarse sin un techo para ella y su hijo de 21 años. El 16 de julio consiguió la dación en pago del que había sido su hogar. Sus únicos ingresos son una pensión de viudedad de 401 euros. Conocer a personas en una situación similar le da fuerzas: “El mensaje de ‘sí se puede’ es sí se puede lo que quieras”, dice.

La mayoría sobrevive con ayudas que rondan los 400 euros

“Estuve a punto de suicidarme”, musita Tania, de 38 años, entre sollozos. Cuando cinco hombres de la comisión judicial llamaron a su puerta en 2012 para notificarle el desahucio, se le vino el mundo encima. Año y medio después, mira con orgullo el bloque del Raval. Uno de los pisos de la tercera planta es ahora su hogar. Sus últimos años han estado marcados por un frenético ir y venir entre Barcelona y Empuriabrava (Alt Empordà), donde compró un apartamento al que se mudó con su pareja de entonces. “Cuando nos fuimos a vivir juntos empezaron los malos tratos psicológicos”, recuerda. Huyó de Empuriabrava y se instaló en una habitación en Barcelona. Después, las malas noticias se sucedieron: se quedó sin trabajo, no pudo seguir pagando el préstamo, y en mayo le diagnosticaron un cáncer de útero.

El cuarto piso es el nuevo hogar de Rosario, quien avaló a su hija y a su yerno para construir una casa. Tanto ella como sus hijos se quedaron sin trabajo y sin poder afrontar sus deudas. Separada de su marido tras sufrir maltrato psicológico y aquejada de una atrofia en el riñón, a los 70 años se ha visto desahuciada y forzada a vivir con la familia de su hija en un piso de tres habitaciones. Los seis —tiene tres nietos de entre tres y 11 años— viven de la pensión de 400 euros de Rosario y el sueldo de su yerno, que ronda los 1.500 euros. A pesar de las muestras de apoyo recibidas, los nuevos vecinos no lo van a tener fácil. El 9 de julio, un día después de que ocuparan el bloque, la inmobiliaria Verteix Inver compró el edificio. El miércoles está programada una reunión entre el Ayuntamiento, la PAH y Verteix para buscar una solución. Las familias realojadas esperan que esta segunda oportunidad sea la definitiva.