Louzán justifica la quita en que “los que legislan saber mejor la situación del país”

Tras dos horas de discusión tormentosa con intervalos de calma, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, acabó espetando a los afectados por las preferentes que por enésima vez le reclamaban ayer un apoyo firme a sus reclamaciones: “Estamos en contra de la quita, pero de alguna manera los que legislan saben mejor que nosotros cuál es la situación del país”.

La frase llegó en el foro del salón de plenos del ente provincial, que en sus reuniones es últimamente escenario de las contorsiones semánticas de los diputados provinciales del PP para apoyar a los afectados sin censurar abiertamente a sus compañeros de partido en el Gobierno y el Congreso de los Diputados. Pero ayer el pleno provincial se había convocado específicamente para tratar sobre el desenlace dramático del problema de las preferentes y, uno tras otro, los portavoces de las plataformas de toda Pontevedra subieron a la tarima para insistir en que defender la quita [el recorte en los ahorros que recibirán de vuelta los estafados con productos híbridos de Novagalicia Banco] o a quienes la suscribieron es igual que estar en contra de los afectados.

“Sean justos con nosotros también”, había solicitado el portavoz de los populares, José María Figueroa, que pedía a los centenares de afectados que le creyesen, que está de su lado. A cada frase de este representante del partido en Vigo o de Rafael Louzán sacando pecho por el arbitraje, los afectados alzaban a modo de respuesta unos carteles con la fotografía de los 14 diputados gallegos del PP que votaron en Madrid a favor del “expolio”. Volvieron los reproches de los asistentes sobre la gestión de los arbitrajes y los criterios de llamada del banco y se pidieron cuentas al presidente de la institución provincial por la entrevista pedida al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para que explique personalmente por qué no hay forma legal de devolver el dinero a los ahorradores.

Pero las respuestas concretas de los representantes del Partido Popular en la provincia no llegaron. Y cuando tras dos horas de sesión el griterío no amainaba, Rafael Louzán pisó el acelerador y trató de someter a votación una petición de que se prorroguen los arbitrajes. Entonces, BNG y PSOE no quisieron. “No queremos votar otra vez lo mismo”, se dijo en referencia a las varias mociones simbólicas que se han suscrito en los últimos meses sobre la cuestión. Así que el presidente de la Diputación de Pontevedra optó por recoger unos papeles con las exigencias de una de las plataformas y levantar la sesión. Después de la larga sesión, no se votó nada. Con el pleno provincial abarrotado, en torno a 200 asistentes proclamaron su intención de mantener un encierro en la sede de la Diputación durante al menos 24 horas, pero muchos desistieron enseguida. Avanzada ya la tarde, los propios portavoces de las plataformas de afectados eran pesimistas sobre las posibilidades de éxito de la iniciativa.