Canteras de pizarra secan seis kilómetros de ríos en Valdeorras
Más de 3.000 hectáreas de la Serra do Eixo fueron devoradas por el negocio de la losa en medio siglo
El frenesí minero al que se ha subido la Xunta y que ha activado todas las alarmas, no es nuevo. En Valdeorras llevan medio siglo horadando montañas a las que solo se va a propósito. Más de 30 kilómetros cuadrados de la Serra do Eixo languidecen convertidos en descomunales escombreras de 400 metros altura. Las explotaciones que exprimen las entrañas de los montes para extraer pizarra ocupan una superficie en la que cabría tres veces la ciudad de Vigo. Y la agresión al medio ambiente es tan mayúscula que incluso han desaparecido cauces de ríos. El agua se ha esfumado en tres kilómetros del Valborrás, en dos del San Xil y en medio más del Casaio. No queda ni gota en varios tramos de estos ríos que hace medio siglo surcaban valles salpicados de robles hasta desembocar en el Sil, 19 kilómetros abajo.
El daño es irrecuperable. La vida animal ha desaparecido y los cauces han sido desviados y entubados en conducciones de hormigón y hierro oxidado que serpentean las montañas de escombros. El agua discurre por suelos artificiales tan corroídos que en algún tramo se aprecian los forjados de hierro empleados en la construcción de los tubos artificiales. Un agua de todo menos incolora. Las empresas utilizan los ríos como desagües a los que vierten residuos que los tiñen de gris, azul o naranja. Incluso algunas rocas han mudado su color hasta tal punto que aparentan haber sido rociadas con azufre.
Los últimos dos kilómetros del río San Xil han sido desviados a través de conductos oxidados. El cauce natural está ocupado por una enorme mina a cielo abierto que ha devorado la mitad del monte y el agua discurre entubada artificialmente por un lateral de la explotación. La naturaleza se empeña en seguir su curso y en varias zonas de la excavación se aprecian grandes surgencias y filtraciones. El San Xil reaparece de la nada en los últimos metros del primitivo cauce. Justo al lado, la transmutada confluencia del Valborrás y el San Xil destapa una aleación de aguas grises y ferruginosas que discurren por el Casaio hasta un embalse a 400 metros de la desembocadura en el Sil, donde el agua estancada muda a tonos verdes y azules eléctricos.
Pero el destrozo no parece suficiente y los empresarios reclaman más. Hace un año planteaban al presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Marín, “desviar más cauces para acoger escombros”. Y según un portavoz, Marín “se mostró receptivo” a la idea. La patronal de los pizarreros gallegos ha declinado realizar declaraciones y derivan cualquier consulta a la confederación, que matiza que “habrá que estudiar caso por caso, valorando la afección medioambiental”. Fuentes del sector aseguran desconocer la existencia de tramos secos y defienden los desvíos porque “cumplen la normativa exigida para depositar escombros junto a las zonas de extracción”. La opacidad que rodea los vertidos es casi tan oscura como la pizarra. Resulta imposible acceder a información actualizada, pero un documento interno de la Confederación del Norte detallaba hace tres lustros cómo 28 pizarreras vertían sin control 450.000 metros cúbicos al año de residuos industriales al Casaio solo en el municipio de Carballeda.
Las canteras lo avasallan todo. Una pared de escombros de 300 metros de altura amenaza con engullir la capilla de San Cosme. Los restos que las excavadoras vierten sin control ladera abajo están a solo 15 metros de la puerta del templo y el 10 de septiembre los vecinos de la aldea de Casoio celebrarán una romería a la que ya no va casi nadie. “Antes iba gente de varios pueblos y todos comíamos junto al río. Ahora somos cuatro gatos porque no queremos tragar polvo toda la tarde” afirma una vecina en la puerta del bar. Los que la rodean asienten con la cabeza. En la zona, otras dos capillas con actividad sobreviven en medio de los cascotes.
Tras cinco décadas, todos han aprendido a vivir rodeados de camiones, vertederos, aguas contaminadas y un molesto polvo gris que lo cubre todo. Un polvo que impregna casas, árboles, vías y huertas. Cualquier cosa situada al aire libre no superaría la prueba del algodón. Todos miden sus palabras al milímetro cuando se les pregunta por el destrozo. “Si vais buscando el río, poco vais a ver porque ya no queda nada. Hay que trabajar en algo” exclama una vecina. “Comencé a trabajar en los setenta en las pizarreras y recuerdo bien las bandadas de pájaros. Ahora no se ven” asiente su marido. La mayoría aquí tienen relación con la pizarra.
A Casaio de Suso, una aldea sin cartel enclavada en una escarpada ladera junto una cantera, se llega a duras penas por una pista a medio asfaltar. Se intuye vida humana gracias a la ropa tendida y tapada por un plástico en el patio de una casa. Al pararse no se oye nada propio de un pueblo de montaña. No hay pájaros, animales domésticos, chicharras o insecto alguno. Solo se escucha el rugir de máquinas picando piedra. Por los 18 kilómetros de carretera que recorren el valle hasta esta aldea únicamente circulan camiones con grandes bloques, todoterrenos con logotipos de empresa, autobuses y furgonetas cargados de empleados y algún que otro turismo de alta gama con los cristales tintados. Por aquí ni patrulla la Guardia Civil.
“Fanáticos” en la Xunta
Los intereses cruzados torpedean casi cualquier actuación a favor del medio ambiente debido al impacto económico generado por las canteras. En 2002, la Xunta inició la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Pena Trevinca. Once años después no ha sido aprobado y en esta longeva travesía administrativa, la empresa Pizarras San Gil llegó a presentar un recurso contencioso-administrativo (desestimado por el TSXG) en el que acusaba a este plan de ser "un claro ejemplo de visión estrecha y fanática por la conservación a toda costa".
Valdeorras produce actualmente la mitad de la pizarra que consume el planeta. Las canteras, ubicadas en su mayoría en suelo rústico de protección forestal, solo aprovechan un 4% del material que extraen y cada año acumulan millones de toneladas de residuos. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) denuncia que 12 hectáreas protegidas por un LIC (lugar de importancia comunitaria) y una ZEPA (zona de especial protección de aves) han sido destruidas. Esta asociación ha reclamado en varias ocasiones ante la Consellería de Medio Ambiente que "cese la destrucción y se reponga la legalidad". Nunca ha obtenido respuesta. La última demanda fue presentada hace nueve meses y la administración tampoco contestó. Ahora apuntan hacia la UE. La SGHN reclamó la semana pasada al comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que sancione al Gobierno gallego por el incumplimiento de cuatro directivas que regulan la conservación de hábitats, aves, agua y acceso público a la información medioambiental. Las minas saltan incluso límites. En Castilla y León otros 15 kilómetros cuadrados han sido convertidos en escombreras que siguen casi al milímetro la raya imaginaria que separa ambas comunidades.
La Ley del Suelo de 2002 colocó a estas canteras al margen de la legalidad, así que a partir de 2007 se llevó a cabo un proceso de legalización masiva mediante la Ley de Ordenación de la Minería impulsada por el bipartito. En 2008, el entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propuso "legalizar de golpe todas las pizarreras para generar confianza en el sector". Posteriormente, sucesivas resoluciones de la Xunta y el Ayuntamiento de Carballeda regularizaron 60 explotaciones en este municipio gobernado por el PP. Y eso a pesar de que la mayoría incumplen el pacto ambiental que obliga a restituir los terrenos invadidos y que resulta muy beneficioso para las empresas, ya que el 80% de la actuación se paga con fondos públicos.
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