La privatización estrella de Mas, la ATLL, encalla en los tribunales

La privatización estrella del Gobierno catalán, de la que a finales del año pasado dependían su solvencia y el déficit público, topa de nuevo con la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó ayer por segunda vez la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. La decisión del TSJC afecta a la mayor privatización realizada por la Generalitat, un contrato de más de mil millones de euros (de los que ya cobró 300) por la concesión a 50 años de la gestión del agua desde las cuencas fluviales a los depósitos municipales, cuyos ingresos sirvieron para reducir medio punto de deuda y evitar más recortes.

Técnicamente lo que hizo el tribunal ayer fue desestimar los recursos de Acciona y de la Generalitat y ratificar nuevamente la decisión de enero del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) de anular la adjudicación de ATLL a Acciona. Acciona y el Gobierno catalán pedían que se suspendiera de forma cautelar la resolución de la OARCC y pueden recurrir en un plazo de diez días ante el Tribunal Supremo.

Sobre qué ocurirá de forma inmediata, el TSJC expone que “el estado actual de las cosas lleva a una primera hipótesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante”. Y añade: “Si esta hipotesis no prospera, el servicio tendrá que ser objeto de una nueva licitación pues el marco normativo impone la gestión por concesión”. Dos frases que las dos empresas en pugna interpretan de forma completamente contraria. Agbar sostiene que si la Generalitat no anula la adjudicación estará “prevaricando”. Acciona mantiene que nada cambia. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la decisión de la OARCC es ejecutiva hasta que un tribunal dicte sentencia.

En el fondo del conflicto está la batalla por el control del agua del área metropolitana de Barcelona, con cinco millones de clientes. A finales del año pasado, tras la adjudicación del contrato, Agbar, perdedora del concurso, impugnó la adjudicación por considerar que la oferta ganadora incumplía los pliegues de condiciones. El argumento era que Acciona presentó un plan para ejecutar unas obras de mejora de la red en un plazo superior al que fijaba el pliegue de condiciones.

El juez Alberto Andrés alerta de la necesidad de que la Generalitat devuelva los 300 millones

El 2 de enero, el órgano administrativo de control de la contratación pública de la propia Generalitat ratificó estas irregularidades. Una semana más tarde la Generalitat se autorecurrió, e igual hizo Acciona. Pero en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó los recursos. Ayer lo hizo de nuevo. Dio la razón a la OARCC e indirectamente a Agbar, que ya desde antes de la adjudicación pide que se anule el concurso de adjudicación.

La Generalitat, a través del Departamento de Economía, respondió ayer que “de nuevo el TSJC se pronuncia sobre la forma y no el fondo” y que sus servicios jurídicos están estudiando las interlocutorias con la intención de recurrir la nueva decisión del TSJC, esta vez con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Acciona sí recurirá.

Las interlocutorias dictadas ayer por el TSJC, sobre todo la del recurso de Acciona y la Generalitat contra Agbar, contienen un claro mensaje de apoyo a organismos como la OARCC —“mecanismos de garantía”— y recuerda que responden a una directiva europea. El tribunal rechaza los argumentos de Acciona y el ejecutivo, que advertían de los daños económicos derivados de la anulación de la adjudicación, tanto para las finanzas de la Generalitat como para los consumidores y los trabajadores. El TSCJ entiende que atender a las irregularidades que detectó la OARCC no conlleva daños de suficiente entidad, ya que la ley obliga a seleccionar un nuevo contratista, y que los prejuicios se limitarían a la transición entre adjudicatarios.

Las interlocutorias cuentan con el voto particular del juez Alberto Andrés, que alerta de la necesidad de que la Generalitat devuelva los 300 millones ya cobrados a Acciona y de las consecuencias que tendría sobre las arcas y el déficit público.

El TSJC también ratificó ayer el rechazo a los recursos de Aguas de Valencia S.A., Sociedad Española de Abastecimientos S.A. y Aqualia contra el acuerdo del Area Metropolitana de Barcelona (AMB) de constituir una sociedad mixta para gestionar el ciclo integral del agua.