Anticorrupción apoya a Alaya en la imputación de 20 altos cargos

La Fiscalía Anticorrupción respalda a la juez Mercedes Alaya en su decisión de imputar a 20 altos y exaltos cargos de la Junta por el uso del fondo de los ERE, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, un auto que el Ejecutivo autónomo ha recurrido. Eso sí, con matices. El ministerio público impugna el recurso de la Junta y destaca la “finalidad fraudulenta” del fondo, pero aclara que la tesis delictiva de Alaya solo afecta a “todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron”. De este modo acota que la instrucción debe demostrar el conocimiento del mal uso del fondo por parte de los imputados.

Alaya estima que todo alto cargo de la Junta que tuvo relación directa o conocimiento de la partida y colaboró de alguna forma a su continuidad durante una década (721 millones de gasto entre 2001 y 2010), tiene responsabilidad penal por permitir un “dispendio” continuado de fondos públicos. La Junta replicó que al considerar que el fondo es ilegal, Alaya cuestiona las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz y esto supone “subvertir el Estado democrático” en un camino “harto peligroso”.

Ahora el ministerio público se posiciona junto a Alaya sobre el uso de las transferencias de financiación para los ERE, pero matiza que solo condena “su uso perverso” para “enriquecer a terceros y dilapidar fondos públicos”. Y ahí inculpa a los cargos que conocieron tal “uso perverso” o “no lo evitaron”. Anticorrupción aclara: “La fórmula montada tiene apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva”.

A pesar de que no señala la línea de los cargos y funcionarios que debieron conocer ese uso irregular que permitió el fraude, Anticorrupción sí aclara que hay motivos para que estos comparezcan y maticen su papel desempeñado en el fondo desde las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo. El fiscal explica en sus alegaciones que la finalidad fraudulenta del fondo está asentada en unos “hechos objetivos”: el uso indebido de las transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias, y la decisión de usar ayudas sociolaborales en vez de subvenciones excepcionales (con mayor control de la Intervención General) para pagar los ERE.

Cuando la Junta censuró a Alaya por “criminalizar” las herramientas utilizadas para abonar los ERE, incluidas las leyes de Presupuestos, la respuesta de Anticorrupción es ambigua: “Sí y no”. “La hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su uso perverso, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta”, señala la fiscalía.

El escrito censura la fórmula ideada por el exconsejero Antonio Fernández y su antecesor y diputado a Cortes José Antonio Viera, que “hábilmente” se diseñó para “evitar cualquier fiscalización que estorbara”, así como las modificaciones presupuestarias autorizadas por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su periodo como consejero de Hacienda, aunque sin nombrar a ninguno de los tres. Anticorrupción señala como ilustrativos los informes sobre el fondo de la Intervención General, la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas, estos dos últimos tan contundentes como Alaya en la condena del diseño y uso del fondo.

Los investigadores censuraron sobre el propósito del convenio de 2001 que dio vía libre a la partida: “Para prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (...) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”.

Respecto a la protesta de la Junta por la falta de motivación de Alaya para justificar las imputaciones, la fiscalía opina que la juez no tenía obligación de detallar sus acusaciones. Para ello se remite a la doctrina del Tribunal Supremo que proclama que la comunicación de Alaya “no constituye todavía un acto de imputación judicial”.

Tras pronunciarse la fiscalía y el resto de partes, la semana que viene Alaya enviará las posturas enfrentadas a la Audiencia de Sevilla, que a lo largo del verano decidirá si la imputación masiva es procedente o no. “La trascendencia de este asalto es muy grande. Hay mucho en juego, incluido el futuro de la causa”, ilustraron fuentes del caso.

Mientras, Anticorrupción se ha opuesto a que la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, prevista para el próximo jueves, se posponga. Además, a la petición de Gómez para que la Junta le abone su defensa se han sumado otros altos cargos de la Administración.