Corrupción y legitimidad

El azar —o tal vez se trate de un oculto guionista de series apocalípticas— ha querido que, en estos días, las tres formaciones políticas con mayor protagonismo en la gobernación española de los últimos treinta y tantos años (Partido Popular, PSOE y Convergència) se hallen incursas en investigaciones judiciales que proyectan graves dudas, como mínimo, sobre su respectivo comportamiento ético. El PP con el caso Bárcenas y CDC con el caso Palaususcitan serias sospechas de financiación irregular, mientras que el caso de los ERE dibuja al PSOE regando su feudo andaluz con una densa red de corruptelas, sisas y compadreos a cargo del erario público.

La justicia establecerá —esperémoslo— las correspondientes responsabilidades penales, y los electores se cobrarán con su voto las responsabilidades políticas. En todo caso, y centrándonos en Cataluña, no es raro escuchar últimamente a ciudadanos bien predispuestos hacia el proceso soberanista expresando su temor de que el caso Palau, u otros de parecida naturaleza, puedan deslegitimar y desacreditar aquel proceso, de que los episodios de corrupción minen la demanda del derecho a decidir. El ultraespañolismo mediático lleva largo tiempo intentándolo: todos esos separatistas de la nueva hornada sólo quieren el Estado propio para dotar de impunidad sus choriceos, sus evasiones y sus cuentas suizas…

Sería maravilloso vivir en países libres de corrupciones, pero esos no se hallan en nuestras latitudes

Examinemos el asunto con la mayor frialdad. ¿Alguien ha dicho o dirá que, cuando el PP convierte en dogma de fe la intangibilidad de la Constitución de 1978, es porque esta le asegura un sistema legal y judicial con el que confía salir bien parado de los sumarios que le asedian? La próxima vez que el presidente Rajoy comparezca en las Cortes para rechazar de plano la posibilidad de una consulta de autodeterminación pactada en Cataluña, ¿los grupos de la oposición y la prensa independiente considerarán que su firme defensa de la unidad de España está deslegitimada por los papeles de Bárcenas? Si el PSOE niega a los catalanes el derecho a decidir, ¿a alguien se le ocurre relacionar este posicionamiento con el fraude de los ERE?

Ayer, este diario desvelaba que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pagó por lo menos hasta 2011 cuotas de militante al PP, contraviniendo la ley, la ética y la estética. Y bien, ¿invalida eso las resoluciones que el Tribunal ha tomado con respecto a Cataluña en los últimos dos años y medio, siendo él magistrado? ¿Invalidará la futura sentencia sobre la declaración soberanista del Parlament, que se va a dictar bajo su presidencia?

Sería maravilloso, ciertamente, vivir en países libres de corrupciones e irregularidades donde personas, partidos e instituciones fuesen siempre intachables; pero esos países no se hallan en nuestras latitudes. Así las cosas, las conductas poco ejemplares de unos individuos o de unas organizaciones no pueden en modo alguno desautorizar o invalidar las demandas democráticas de millones de personas.

Parece obvio que una gran mayoría de españoles quieren mantener la estructura política del Estado tal como es hoy. Y si, carcomidos por sus escándalos, PP y PSOE flaqueasen en la defensa de esa idea unitaria de España, ahí está UPyD (a la que algunos sondeos atribuyen ya más de 30 escaños) para tapar la brecha. Simili modo, hay indicios para pensar que existe en Cataluña (de eso se trataría, de comprobarlo) una mayoría social soberanista. Y si, por la razón que fuese, las personas y las siglas que hoy encabezan esa mayoría cayeran, otras personas y otras siglas —ya existentes, o de nueva planta— llenarían el espacio vacante.

Ya no estamos en la política de élites del siglo XIX, cuando —por ejemplo— un escándalo de adulterio fulminó la carrera del líder nacionalista irlandés Charles Stewart Parnell en 1890 y, con ello, frenó la lucha por el autogobierno de la isla durante dos décadas. ¿Cuántas decenas de políticos imputados hay ahora en Cataluña? Pues, aunque fuesen diez veces más, no llegarían ni al 0,05% de las personas que se manifestaron el 11-S, o que votaron soberanista el 25-N.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.