El PP contraataca con los ERE en plena tormenta por Bárcenas
Rechazada una proposición que señalaba a Chaves y Griñán como “responsables políticos”
![Manuel Planelles](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9cf52f91-a2c1-41ef-91a0-33bcb728b33d.jpg?auth=70e5471577f7932b47b43175377425fb5a9b8cc9a1dc2420f52a356dddf53ef6&width=100&height=100&smart=true)
![Mariscal, Maíllo, Valderas y Castro, en el Parlamento.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OMSGNKNKBMRDJ5MNKA4UQTPMWY.jpg?auth=f3c5dd109ec473ef5addceca8eb308f65fdda0487065bc6088b4bbaab7c1d88f&width=414)
El curso político se ha cerrado este miércoles en el Parlamento andaluz con una sobredosis de menciones a casos de corrupción. El PP ha vuelto a llevar los ERE fraudulentos a la Cámara regional. Lo ha hecho en mitad de la tormenta generada por las últimas revelaciones del extesorero de los populares Luis Bárcenas, que ya ha reconocido ante el juez Pablo Ruz que es el autor de la contabilidad en la que se reflejan donaciones supuestamente ilegales y sobresueldos a los dirigentes populares. “Han elegido una fecha inoportuna”, le ha advertido el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios al PP. Para Alba Doblas, de IU, los populares han tenido “mucho valor” o “muy poca vergüenza” para llevar los ERE a la Cámara en este momento. Pero Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP, se ha crecido en sus ataques a PSOE e IU por el caso que investiga Mercedes Alaya. Y se ha crecido, sobre todo, en la defensa de su partido y de Mariano Rajoy ante el caso Bárcenas. Rojas sí ha citado al extesorero por su nombre.
Los partidos se cruzan reproches sobre los casos de corrupción
Lo que los populares andaluces han presentado en el Parlamento ha sido una proposición no de ley —firmada el 10 de julio, cuando el caso Bárcenas se había reactivado— en la que se exigía que fueran declarados “responsables políticos” del caso de los ERE las cúpulas de las consejerías de Empleo y Hacienda entre 2001 y 2010. También, los presidentes y vicepresidentes de la Junta durante ese periodo. Es decir, el PP aspiraba a que el Parlamento certificara que Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los “responsables políticos” de un fraude que cifró en 1.200 millones de euros (en realidad esta es la cantidad global de la partida de los ERE, el fraude se cifra en torno a los 140 millones). Rojas ha acusado a Chaves y Griñán de protagonizar “huidas” por este caso. Los votos de PSOE e IU, que gobiernan en la Junta, han tumbado como era previsible la proposición defendida por Rojas.
El hilo que el PP ha tomado para volver a llevar el tema al Parlamento es el reciente auto de Alaya en el que se imputaba a 20 cargos y funcionarios de la Junta. IU y PSOE han deslizado críticas al escrito redactado por la instructora de los ERE y recurrido por la Junta. “Es un auto, como mínimo, difícil de entender”, ha dicho el socialista Jiménez Rojas. Doblas ha hablado de “imputaciones selectivas”, en referencia a la trayectoria zigzagueante que ha seguido Alaya para no acusar a los aforados.
Pocos argumentos a favor o en contra de la proposición no de ley se han esgrimido. Pero los reproches por casos de corrupción han volado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. “Quieren esconder las miserias del PP con las miserias del PSOE”, le ha recriminado Doblas a los populares. La parlamentaria de IU, tras quejarse del “bochornoso espectáculo del ‘y tú más’”, también ha entrado en el juego. “Ustedes están ahí a cambio de sobres”, le ha dicho a los populares refiriéndose a los sobresueldos de Bárcenas.
Acuerdo minero
- Sí ha habido acuerdo entre los tres partidos en el Parlamento andaluz en la necesidad de reabrir la mina de Aznalcóllar. Justo al final de la sesión se ha aprobado por unanimidad una proposición en la que se insta al Gobierno andaluz a que ponga en marcha todos los trámites administrativos para lograrlo.
- PP, PSOE e IU han reclamado que asegure que la vuelta a la explotación de la mina venga precedida de un concurso internacional para que se seleccione el mejor explotador y se garantice la viabilidad y los parámetros medioambientales, tecnológicos y económicos.
- En la proposición se pide que no se admita en el concurso a las empresas que, directa o indirectamente, tengan relación alguna con la multinacional Boliden, que adeuda cerca de 90 millones de euros a la Junta por la catástrofe de hace 15 años.
“No vengan aquí a dar lecciones a nadie”, ha contestado Rojas, quien ha mencionado el caso de enchufismo de Manilva o Mercasevilla, que afectan también a IU. “No hay sobres en el PP”, ha añadido el portavoz popular. Rojas ha contraatacado con la declaración de uno de los imputados en el caso Mercasevilla, que aseguró ante Alaya que entregó “un sobre con 30.000 euros para financiar al PSOE”.
Javier Arenas, expresidente del PP andaluz, ha escuchado la intervención de su compañero de filas sentado en su escaño. Él también figura en los papeles de Bárcenas. Y, aunque no lo ha mencionado, hacia Arenas han ido dirigidos algunos dardos que ha lanzado el socialista Jiménez Barrios. “¿De dónde venía ese dinero?”, ha preguntado al referirse a los sobresueldos de la supuesta contabilidad de sus rivales. El parlamentario socialista también ha planteado dudas sobre si los sobresueldos se han declarado ante Hacienda.
El y tú más también se ha colado en otros debates parlamentarios que, en principio, no giraban sobre casos de corrupción. Así ha ocurrido con la comparecencia de la consejera de Fomento, Elena Cortés, sobre el recurso que el Gobierno central ha presentado en el Tribunal Constitucional contra el decreto antidesahucios. En las intervenciones de los partidos de la izquierda los protagonistas han sido también Bárcenas y los empresarios que supuestamente realizaron donaciones al PP. Según Inmaculada Nieto, de IU, el Gobierno recurrió el decreto tras la llamada de un “pez gordo de la derecha económica” reclamando la paralización de la norma. La respuesta de Alicia Martínez ha ido por los mismos derroteros. En su opinión, IU está deslegitimada en este asunto, ya que el vicepresidente Diego Valderas “se aprovechó de un desahuciado para ampliar su vivienda”. Martínez se refería a las informaciones que apuntaron a que el ex coordinador regional de la coalición compró en la década de los noventa un piso embargado por un banco.
Cortés ha reclamado al PP que se sume a la petición de moratoria que ha lanzado la Junta a los bancos para que los desahucios se paralicen los próximos cinco meses, el tiempo que tiene el Constitucional para decidir si levanta o no la suspensión cautelar del decreto. Los populares han contestado que estudiarán este asunto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![Manuel Planelles](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9cf52f91-a2c1-41ef-91a0-33bcb728b33d.jpg?auth=70e5471577f7932b47b43175377425fb5a9b8cc9a1dc2420f52a356dddf53ef6&width=100&height=100&smart=true)
Archivado En
- Caso de los ERE
- Caso Bárcenas
- Carlos Rojas
- Mercedes Alaya
- Manuel Chaves
- José Antonio Griñán
- Parlamentos autonómicos
- Financiación ilegal
- Caso Gürtel
- Escándalos políticos
- Política autonómica
- Corrupción política
- Financiación partidos
- Andalucía
- Casos judiciales
- Parlamento
- Administración autonómica
- Corrupción
- Delitos
- Administración pública
- Justicia
- PP
- España
- Partidos políticos
- Política