La concesionaria del hospital Puerta de Hierro reclama 2,7 millones
La unión de empresas constructoras pide restablecer el equilibrio económico. La obra se demoró tres meses más para llevar a cabo “modificaciones”
La sociedad concesionaria del hospital Puerta de Hierro Majadahonda, que desde 2008 gestiona toda la actividad no sanitaria de este centro público, reclama a la Comunidad de Madrid una deuda de 2,7 millones de euros que arrastra desde que finalizaron las obras de traslado a su nuevo emplazamiento en este municipio a 16 kilómetros de la capital. La sociedad gestora, cuyos accionistas son ahora Iridium (Grupo ACS), Sacyr y Bovis Lend Lease, presentó varios escritos de reclamación durante 2012 en los que pedía un “restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión”, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La empresa asegura que, durante la construcción del edificio, incurrió en gastos que superaban los presupuestados y que fueron motivados “por causas imputables a la Administración”. La contratista pidió en septiembre de 2007 una prórroga de tres meses en el plazo de ejecución de la obra, que originalmente era de 28 meses. Entre otras cosas, realizó modificaciones en el bloque quirúrgico y en las unidades de radiodiagnóstico y laboratorios. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se la concedió. Posteriormente la concesionaria reclamó los 2,7 millones de euros que, según sus alegaciones, le había supuesto ese plazo extra y las modificaciones que hizo durante ese periodo.
Fuentes de la concesionaria reconocieron la deuda, pero señalaron que “no hay conflicto” y que no están valorando tramitar judicialmente la reclamación. “Antes ya ha habido reequilibrios”, añadieron, sin precisar de qué tipo. La Consejería de Sanidad respondió a preguntas sobre qué motivó la deuda que “parte de este dinero quedará compensado por el trabajo que ha realizado el personal en dicho hospital”.
El hospital Puerta de Hierro ha sido protagonista en los últimos meses de más desavenencias relacionadas con su doble gestión, pública (la parte sanitaria) y privada (cocinas, limpieza, administración, lavandería...). El Sermas tiene abierto un expediente administrativo para reclamar a la concesionaria el dinero de los sueldos que pagó entre 2008 y 2011 a empleados públicos que en realidad trabajaban para las empresas. La Administración abonó los salarios de unos 400 trabajadores —en torno a 11 millones de euros— y a la vez satisfizo un canon anual a la concesionaria por prestar esos servicios, es decir, pagó dos veces por lo mismo.
Sanidad también estuvo al menos cuatro años abonando los sueldos de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle de Quintana de Madrid, pese a estar gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de IDC Salud (antes Capio Sanidad). En marzo pasado los 400 empleados públicos no sanitarios del Puerta de Hierro abandonaron su puesto. Sanidad recolocó en otros hospitales a los 220 fijos y despidió a los 180 interinos, lo que motivó una huelga de protesta. El pago de los sueldos de los trabajadores de Argüelles es uno de los argumentos de la querella admitida a trámite contra la cúpula sanitaria madrileña.
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