Málaga activa un plan para cobrar multas de conductores extranjeros

Entre un 18% y un 20% de las multas de tráfico que se ponen al año en Marbella corresponden a turistas extranjeros. Entre 2.500 y 3.000 sanciones que, a una media de 100 euros, suman entre 250.000 y 300.000 euros. “Ese dinero prácticamente desaparece, porque es imposible localizar a los infractores”, apunta el concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero. Con este resultado, no solo las arcas municipales no recaudan, sino que “no se cumple con el efecto disuasorio” de las sanciones. Además, Romero alude a la costumbre de algunos visitantes de alertar a sus compatriotas de que si cometen una infracción al volante en la Costa del Sol, por ejemplo, “no pasa nada” porque al final no tendrán que pagar la multa.

Por eso, el concejal de Marbella aplaude la medida anunciada ayer por la Diputación de Málaga para facilitar a los Ayuntamientos de la provincia la localización de infractores extranjeros no residentes y el cobro de las sanciones. Se trata de un servicio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se materializará a través del Patronato Provincial de Recaudación, que asumirá el coste del programa en función de las cuantías recuperadas. Este servicio existe en otros municipios españoles, como Palma de Mallorca (en el primer año de vigencia recaudó 450.000 euros), y el éxito de recuperación supera el 50%. La de Málaga es la segunda Diputación que lo pone en marcha, tras la de Girona.

Cerca de tres millones

Los Ayuntamientos malagueños han dejado de ingresar desde 2007 cerca de tres millones por sanciones de tráfico impuestas a extranjeros no residentes. En este periodo, no se han podido tramitar 22.400 multas a estos turistas y 14.767 expedientes ni siquiera se han iniciado porque se trataba de vehículos de matrícula no española.

Según el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, la falta de datos para localizar a los infractores provoca que el procedimiento que se inicia para intentar cobrar esa sanción quede anulado o no arranque. “Es raro el caso que se puede cobrar”, explica el concejal de Seguridad de Málaga, Julio Andrade. El problema surge porque se agota el plazo, el proceso es “muy complicado”, por no decir imposible, y casi siempre choca con la necesidad de adaptarse a la normativa de otros países.