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OPINIÓN

327 médicos jubilados a la fuerza

No se prevé ningún concurso de méritos para su sustitución, será por designación digital

El Gobierno valenciano ha decidido jubilar a 1.654 médicos de la sanidad pública en los próximos cinco años, el 15,2%, de la totalidad de su plantilla. Un total de 327 lo serán, según información facilitada por diferentes gerentes de departamentos sanitarios, antes del primero de octubre del año en curso. Estos últimos tienen en común dos cosas. Su rango de edad está comprendido entre los 65 y 70 años y todos permanecen en actividad, después que la Consejería de Sanidad, habiendo evaluado su capacidad física e intelectual, valorando además su trayectoria profesional e idoneidad para el servicio, decidiera que podían seguir trabajando para el sistema sanitario público. En base a esto, la consejería firmó unas resoluciones con una fecha de inicio de actividad y fin de la misma. Pues bien, con fecha 7 de junio de 2013, el Gobierno valenciano decide que debe proceder a la jubilación forzosa, sin eufemismos: al despido, de estos médicos. Estos son los hechos, que sin duda merecen algunas consideraciones.

De los 327 que se jubilan antes del primero de octubre, el 30,5% son jefes de sus correspondientes áreas asistenciales, lo que repercutirá de forma inmediata en la capacidad resolutiva de estas áreas y, por otra parte, todos estos facultativos obtuvieron sus plazas mediante concursos de méritos abiertos y públicos por lo que su estabilidad en la plaza no depende del gerente de turno de cada centro. Ahora para su sustitución no está prevista la realización de ningún concurso de méritos sino que, según dan a entender cargos directivos de la consejería, serán de designación digital, con lo cual su permanencia en la plaza estará ligada a la voluntad del gerente del departamento. Una vez más el Gobierno de Partido Popular convierte en botín de corsario lo que debería ser valoración objetiva de méritos profesionales.

Otra consideración atañe a la credibilidad exigible a todo gobierno y esto tiene repercusiones morales, de ética pública tan necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad. Si los ciudadanos no se pueden fiar de lo que el Gobierno firma, ¿cómo puede después ese Gobierno exigir o pedir algo? Se sitúa el Gobierno dentro del colectivo de trileros.

Otra consideración de tipo asistencial y que afectará directamente a la salud de los ciudadanos, es que el Gobierno anuncia la jubilación de 1.654 médicos en 5 años, pero no dice a cuántos piensa sustituir y esto es un problema. La Comunidad Valenciana, como consecuencia de la poca inversión en sanidad durante los años de gobierno del Partido Popular, exactamente el 13,5% menos que la media del Estado español, es una comunidad con déficit de recursos sanitarios; hacen falta al menos 1.527 especialistas y 480 médicos de atención primaria para llegar a la media del Estado español. Es decir, ejecutan jubilaciones y no dicen ni cuándo ni cómo van a dotar a la sanidad pública de los médicos necesarios.

En estas condiciones, además, se ve claramente que van a precarizar el mercado laboral de los médicos. Los médicos que jubilan, son los que perciben unos salarios más altos, en función de complementos como la dedicación exclusiva, carrera profesional y antigüedad. Los que contraten, ya sean muchos o pocos, no percibirán ninguno de estos complementos, puesto que el de la dedicación exclusiva lo han hecho desaparecer, la carrera profesional está suspendida y la antigüedad será escasa, las retribuciones serán de un máximo de 2.100 euros mensuales y además serán contratos interinos, porque por el horizonte no se vislumbra ninguna oferta de empleo público.

Esta es la apuesta del Partido Popular por la sanidad publica, precarizar las condiciones de trabajo y de esta forma invitar a los médicos jóvenes a que la abandonen y busquen otras opciones laborales (¿en la privada?, ¿en el extranjero?). Lo que el Gobierno valenciano ofrece a los jóvenes médicos valencianos es mucho trabajo, poco salario e inestabilidad laboral. A los mayores, mucho trabajo, arbitrariedad con respecto a su progresión profesional y jubilaciones obligatorias. A los usuarios del sistema sanitario público, insatisfacción por la sanidad publica que pagan con sus impuestos. En definitiva, un nuevo asalto al bien público más preciado (como dicen todas las encuestas) de la ciudadanía: el sistema sanitario público, universal, de calidad y para todos. Así fue hasta ahora, ahora lo quieren dinamitar. Mañana ha de volver por sus fueros. Es tarea de todos.

José Mayans es jefe del Servicio de Hematología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia