Corrupción y bola de nieve

Lo que ha salido a la luz sobre la financiación del PP define a gran parte de la cúpula del partido como un grupo de profesionales instalados en el cinismo, dedicados a negar en público las prácticas irregulares que llevan a cabo en beneficio económico del partido y también de sus bolsillos particulares. Han podido mantener esta actitud mientras les resultaba relativamente verosímil creer que lograrían impedir la demostración de las graves acusaciones. Pero ha llegado un momento en el que esta actitud se convierte en puro patetismo, pura negación de lo que puede ver cualquiera que no esté cegado por el partidismo.

Las evidencias aportadas desde el estallido del caso Gürtel y luego del caso Bárcenas tendrán la calificación penal que los jueces decidan en su día, pero desde el punto de vista político y ético ya han descalificado de manera irreversible a buena parte de la cúpula dirigente del PP. Unos por implicación directa. Otros por haber participado en la negación de lo obvio. Y hasta puede que algunos por no haberse enterado.

González Pons está  inhabilitado para levantar cabeza, porque el Gobierno regional de su partido ha sido uno de los más escandalosos ejemplos de la degradación de la política en aras del beneficio económico de amigos y correligionarios

Que González Pons tocara a rebato y advirtiera a sus apabullados afiliados que si el PP se hunde vendrán la izquierda o los catalanistas, como hizo el pasado fin de semana en Sueca (Valencia), viene a ser una aceptación de la gravedad de la crisis del partido conservador. González Pons, una de las más exitosas personificaciones del político insincero, según el modelo de Berlusconi, el cum laude del cinismo en política, reclama a la derecha del país que no tenga en cuenta las tropelías del PP, los comportamientos amorales, la conversión de la política en puro trapicheo, en nombre de un interés supuestamente superior que sería la permanencia en el poder del conglomerado social conservador. ¿Ética? ¿Estética? ¿Moralidad pública? Tanto da, viene a decir, la cuestión es que no gobiernen ni la izquierda ni los catalanistas.

Por su condición de político valenciano, González Pons está particularmente inhabilitado para levantar cabeza, porque el Gobierno regional de su partido ha sido uno de los más escandalosos ejemplos de la degradación de la política en aras del beneficio económico de amigos y correligionarios. Hay una buena colección de dimisiones, imputaciones judiciales y condenas que lo acreditan.

Pero el hecho de que González Pons aluda a la izquierda y a los catalanistas como aquellos a quienes hay que mantener fuera del gobierno, aunque sea a costa de tolerar la corrupción, ilustra también otra cara del PP. Se trata de la utilización del anticatalanismo como recurso ideológico útil para cohesionar al electorado conservador español, el educado en la idea de España como unidad de destino en lo universal que el franquismo consagró a sangre y fuego. González Pons es uno de los virtuosos en este cometido, en amigable competencia con Javier Arenas y Vidal-Quadras. Puede que este recurso siga reportando algunos votos a su partido. Y la progresiva conversión del catalanismo, hasta hace poco mayoritariamente autonomista, al independentismo, debe ser para González Pons una invitación irresistible a seguir por ese camino.

Siempre ha sido obvio que la utilización del anticatalanismo como recurso para atacar a la izquierda y para distraer la atención de otros problemas reportaría pérdida de apoyos en Cataluña. Pero el PP escogió hace ya bastante tiempo los beneficios que le podía dar en el resto de España. Lo hizo a consciencia durante el largo debate sobre el Estatuto de Cataluña. Y sigue haciéndolo. No es solo un recurso dialéctico. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría o el ministro Montoro dan cuenta cada viernes de las decisiones tomadas por el Gobierno del PP para vaciar de contenido político el sistema autonómico español. Es decir, para meter en cintura, entre otros, a los catalanistas.

Algunas consecuencias de esta política son evaluables. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los cuantifica de manera bastante creíble. El 82,7% de los electores catalanes juzga como “más bien desfavorable” para Cataluña la política general del actual Gobierno español. Más específicamente, la política respecto al autogobierno catalán obtiene la calificación de “muy mala” para el 50,8% de los encuestados y de “mala” para el 33,4%. Sumados, son un 84,2%. La conclusión salta a la vista. Si se quiere que la bola de nieve del independentismo catalán siga creciendo solo hay que dejar que el PP continúe su labor.