El Consell sacude el pacto lingüístico

Con el argumento del ahorro, el Consell ha enviado a las Cortes cuatro proyectos de ley que modifican la composición de otros tantos organismos estatutarios: el Consejo Económico y Social, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La reducción del número de miembros de las instituciones de autogobierno, que exige un pacto con la oposición, dado que se trata de organismos blindados por el requisito de una mayoría cualificada (dos tercios de los votos), supondría, en el caso de la Acadèmia, la demolición del pacto lingüístico de la que fue el fruto.

Que la Acadèmia tenga 21 miembros (ahora, en la práctica, son 20 porque todavía no se ha cubierto una plaza vacante por defunción) no es arbitrario. El dictamen del Consell Valencià de Cultura del 13 de julio de 1998 que dio lugar a la ley de creación de la institución en septiembre de ese mismo año ya lo recogía. “La composición de la Acadèmia no era cuestión baladí en su configuración inicial, sino que por el contrario cumplía un objetivo de representación, cuya finalidad no era meramente lingüística sino que, además, satisfacía uno de los intereses prioritarios en la consolidación de la realidad autonómica valenciana: la paz social en materia lingüística”, señala el Consell Jurídic en un dictamen muy crítico con el proyecto del Consell.

En efecto, la designación de los componentes de la AVL fue una de las operaciones de consenso más delicadas llevadas a cabo en la política valenciana desde la transición a la democracia. Y salió adelante en medio de críticas de sectores implicados en la polémica lingüística. El proyecto de ley del Gobierno de Alberto Fabra, elaborado por el consejero de Gobernación y Justicia y secretario regional del PP, Serafín Castellano, simplemente suprime el dictamen del CVC, es decir, el pacto lingüístico, de la ley.

El PP necesita dos tercios de los votos para sacar adelante el proyecto de ley

Tampoco tiene en cuenta a los actuales integrantes de la AVL, ya que prevé elegir a los 11 académicos a los que reduce la institución completamente de nuevo. Con ello arrasa con la “inamovilidad” de la que se dotó a los miembros de la Acadèmia, precisamente para dar estabilidad e independencia a su criterio, cuando fueron designados por un mandato inicial de 15 años tras la primera elección por parte de las Cortes. Periodo a partir del cual serán renovados parcialmente cada cinco años por cooptación, es decir, por elección de los propios integrantes de la institución. La intención legislativa era clara: apartar definitivamente la cuestión lingüística de la agenda política.

En el seno de la propia Acadèmia, en medios culturales y cívicos y en los partidos de la oposición cunde la idea de que la pretensión del Gobierno de Fabra va más allá del ahorro. “La norma proyectada carece de toda justificación en relación con la reducción de su composición, desplazando la finalidad pactista que inspira su creación, por mor de la coyuntura económica”, apunta el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen de cuyas observaciones ha decidido no hacer caso el Ejecutivo autonómico.

“Nada se justifica en las memorias sobre la necesidad de creación de un texto nuevo y la íntegra derogación de la Ley 7/1998”, dice tajantemente el Consell Jurídic, un organismo también afectado por otro proyecto que recorta su composición y que rechaza.

El órgano consultivo insiste en que la reducción de miembros es “una motivación puramente coyuntural” ajena a “la vocación de permanencia” de una institución como la AVL. “Las fluctuaciones de la situación económica, en tanto no permanentes en el tiempo, no se cohonestan con la trascendencia de la norma que se propone regular, ex novo, a tal institución”, indica, para sugerir como más adecuada “la vía de la modificación” con carácter transitorio.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, partido cuyo concurso sería imprescindible para que el PP pudiera derogar la ley actual para crear otra Acadèmia, se ha manifestado contrario a la supresión o la reducción de miembros de los organismos estatutarios. Puig ha sugerido recortar gastos, dietas y presupuestos, aunque ha dejado la puerta abierta a la negociación. Fuentes parlamentarias de los socialistas valencianos insistían esta semana en “no abrir el melón” de la reducción de integrantes de las instituciones consultivas. En el caso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, más que un melón sería una bomba de relojería.