Tàrrega: la cárcel fallida que despertó la fiebre inmobiliaria

La localidad de Tàrrega (Urgell) es un ejemplo de la burbuja inmobiliaria. En 2006, la Generalitat anunció su intención de construir allí una nueva prisión. La expectativa de un crecimiento de población —el Ayuntamiento preveía que la ciudad pasaría de 16.000 a 25.000 habitantes— motivó el inicio de una especulación que alcanzó a particulares y a grandes constructoras. En poco tiempo, Tàrrega se convirtió en destino de nuevos compradores, la mayoría de Barcelona, dispuestos a comprar viviendas sobre plano. “Cada día podíamos llegar a vender entre tres y cuatro pisos, y algunos sábados hasta cinco”, asegura Joan Carles Genís, propietario de una de las principales inmobiliarias de la localidad.

El afán especulativo llevó a construir más de 850 viviendas de una y dos habitaciones que debían dar techo a los trabajadores de la prisión. Hoy, la cárcel no se ha construido —el Departamento de Justicia la ha descartado, al menos temporalmente— y los pisos siguen vacíos. Como dice Genís, el pueblo se construía sobre proyectos que quedaron en nada. “Todo era aire”, dice señalando calles enteras con edificios vacíos. Muchas familias están arruinadas tras haber hecho grandes inversiones por un producto que hoy no tiene salida, bien porque no existe, está inacabado y no se puede habitar, o simplemente porque no hay compradores.

Este problema afecta también a los terrenos del pueblo, lleno de solares con propietarios que vieron en ellos una mina de oro. Allí iban a construirse pistas de atletismo, supermercados o nuevos negocios. Hoy no hay nada.

 Como consecuencia, en 2011 Tàrrega tenía 2.118 viviendas familiares vacías, según la Generalitat. La cifra ha aumentado hasta hoy de forma notable, asegura Mónica Guerrero, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del municipio. Guerrero asegura que hay cientos de familias sin hogar en Tàrrega, y que están endeudadas porque muchos bancos aún siguen sin aceptar la dación en pago para saldar la hipoteca. “Solo hemos conseguido que se acepten siete daciones y estamos negociando dos casos más”, explica. Entre los afectados también hay muchos inmigrantes que se avalaron unos a otros en el momento de mayor auge inmobiliario y que, más tarde, cayeron en desgracia al mismo tiempo.

Pese a las familias que se ven obligadas a abandonar sus casas, el pueblo está repleto de edificios fantasma, propiedad de las entidades financieras, en los que no se lleva a cabo ningún tipo de mantenimiento. “Pocos bancos quieren ofrecer alquileres sociales, prefieren tener el piso vacío y degradándose por el paso del tiempo”, asegura. También explica que las viviendas de protección oficial subieron su precio considerablemente.

A pesar de la tremenda situación que vive Tàrrega, algunos vecinos piensan que lo peor está por llegar, ya que las viviendas que poseen los bancos oscilan entre los 40.000 y 60.000 euros. En cambio, las de muchos particulares siguen estando muy por encima de esas cifras. “Mucha gente aún no es consciente de la situación en la que estamos”, dice Clara, una vecina de la localidad mientras mueve la cabeza en señal de desaprobación.