Sanidad alega que el PSM no tiene legitimidad para pedir la suspensión

La Comunidad de Madrid no ha querido apurar el plazo de tres días que tenía para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la suspensión cautelar del proceso de privatización de los seis hospitales públicos. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha detallado que el documento, que no se ha facilitado a los medios, consta de cinco puntos y ha destacado, sobre todo, uno: que el PSM, que pidió la medida en su recurso, no tiene "legitimidad procesal" para hacerlo al "no ser un perjudicado directo" ni "parte interesada" en el proceso.

Tras presentar el protocolo Código Infarto Madrid, Lasquetty ha cita la jurisprudencia del TSJM, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según la cual a juicio del consejero los socialistas no tienen legitimidad para interponer el recurso puesto que deben ser partes directamente interesadas en el proceso. El recurso de los socialistas lo firman seis diputados de esta formación que viven en las áreas de influencia de los hospitales que cuya gestión que se quiere privatizar. El consejero ha aprovechado para arremeter contra el PSM, a quien ha acusado de tener "solo un interés político y partidista". 

A juicio del consejero, el Partido Socialista "intenta que los tribunales le hagan el trabajo que corresponde al ámbito político" y que debía haber hecho en la Asamblea de Madrid y en el debate público. El responsable de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, le ha respondido que "el PP no tiene argumentos, porque los expuestos en las alegaciones se caen por su propio peso". Entrevistado en la SER, Freire ha dicho que Lasquetty "lo único que hace en su escrito es atacar a sus adversarios".

La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que introdujo Sanidad en las condiciones de los contratos una vez ya estaba en marcha el concurso. A cuatro días de que expirara el plazo para presentar las ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones de euros.

En contra de lo que sostiene el PSM, el consejero ha asegurado que, al "corregir un error en la expresión de la frase", lo que se hizo fue "favorecer la concurrencia" de las empresas. En su auto del pasado 10 de julio, el propio TSJM considera que la modificación en la garantía que pide el Gobierno regional a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material" y que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia".

Lasquetty ha indicado que otro de los argumentos es que "mantener la suspensión cautelar" supondría un "perjuicio" para los madrileños porque impediría la aplicación de una medida de ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario. Además, el consejero ha indicado que otro motivo que sustenta el recurso es que precisamente. También ha indicado que el recurso del PSM es "contradictorio" en sus argumentos y que los socialistas emplean una estrategia de "acoso judicial" contra el proceso de privatización.

El recurso del PSOE no es, ni mucho menos, el único. Los propios socialistas tienen cuatro procedimientos abiertos, uno de ellos ante el Tribunal Constitucional. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato de médicos Amyts presentaron sendos recursos contencioso administrativos. Precisamente hoy, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha rechazado la petición de suspensión cautelar del concurso solicitada en su recurso por AFEM.  En un auto, considera que AFEM no acredita "circunstancias de excepcional urgencia" que justifiquen la adopción de una medida "tan excepcional".

Tras analizar las alegaciones, el TSJM deberá ratificar o levantar la suspensión en el plazo de 10 días. El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. El Consejo aprobó adjudicar a Ribera Salud centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; para Bupa Sanitas el Hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez. La Comunidad de Madrid pretendía que estén funcionando con el nuevo modelo de gestión privada para el mes de septiembre.