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Antisistemas con andador

La Guardia Civil multa a una octogenaria con osteoporosis por alteraciones del órden

Los preferentistas más activos reciben sanciones por las causas más diversas

Preferentistas muestras las multas que recibieron por las protestas.
Preferentistas muestras las multas que recibieron por las protestas.

El andador de Domitila no es de baratillo. Tiene ruedas robustas, un asiento mullido y negro para sentarse a descansar, una cesta en la parte inferior, dos frenos y un timbre. Además es plegable. “Cuando fui de excursión a Lourdes los franceses se apartaban pero bien”, explica mientras hace una pequeña demostración de uso. Domitila Vicente tiene 81 años y la rodilla muy deteriorada por la osteoporosis, tanto que los médicos le dijeron que ni operándola mejoraría. Así que no se separa de su aparato último modelo —costó 200 euros— que sus hijos le regalaron cuando cumplió los ochenta.

Domitila, en definitiva, no puede saltar. Así que nadie en la plataforma de afectados por las preferentes de Baixo Miño se cree que un agente de la Guardia Civil haya interpretado de buena fe que la mujer es responsable de “alterar la seguridad colectiva y provocar reacciones en el público e intentar penetrar hasta el interior del Concello del Rosal en tres ocasiones para provocar la alteración del normal funcionamiento del citado concello y comportarse de manera agresiva, arengando a los demás participantes de la manifestación a entrar por la fuerza”. Pero eso es lo que pone en una de las dos multas de 100 euros que le han caído por protestar el 3 de junio frente al consistorio, tras el desalojo de los afectados por las preferentes que llevaban allí encerrados desde diciembre. La entrada al edificio lleva semanas vallada, así que la pirueta de Domitila se antoja complicada.

Pero las multas por los supuestos excesos de aquellos días de junio llegan ahora por decenas a cualquiera de los que, enfundados en camisetas naranjas, acuden a las concentraciones diarias de protesta frente al Ayuntamiento. A Ana Belén y Milagros Álvarez y a su padre Américo les han caído 11 entre los tres por infracciones tales como no llevar “correctamente abrochado” el cinturón de seguridad del coche, “emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido” o “colocar una mesa y tres sillas encima de un paso de peatones”. El paso en cuestión da a la entrada del consistorio, que está vallada, por lo que el quebranto de la circulación es materia opinable. Y las sillas se pusieron ahí precisamente para que las personas mayores como Domitila pudiesen reposar las piernas. Por lo demás, muchos aseguran que les han caído sanciones fechadas precisamente en el día en que precisamente no asistieron o cuando dejaron el coche aparcado lejos.

A los portavoces más significados les llegan las multas, pero hinchadas. A Xulio Vicente, azote del presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, con quien mantiene duelos de miradas que congelan el ambiente, las multas no suelen bajarle de 500 euros. Arximiro Martínez, otro de los notables, se extrañaba a principios de semana de que se estaba librando de la quema. Al día siguiente le llegaron cuatro cartas que le han dejado el carné por puntos temblando.

Los tres Álvarez protestaban para recuperar el dinero en preferentes de una de las hijas, que ya ha cobrado. Pero siguen en las manifestaciones porque “hay que apoyar” a los que todavía no han recuperado los ahorros. Tal es el caso de Fernando Asensio, otro de los multados a principios de junio por ponerse “agresivo”, a pesar de que tiene que cargar con un pequeño asiento para descansar cada poco. Fernando vivió 23 años en Inglaterra y a la vuelta se dedicó a la hostelería. Ahora está cascado. Le acaban de operar y en la consulta le recomendaron espaciar su asistencia a las manifestaciones. Mirando de abajo arriba reflexiona sobre el aluvión de multas y lo que entiende que subyace. “Estamos yendo por un camino muy malo. Nos están machacando. Yo nací en una dictadura y me escapé. Volví a lo que pensé que era un país democrático pero moriré en otra dictadura. Si tuviera 30 años volvería a emigrar”, sentencia.

Américo se sienta en un banco y observa a sus hijas a unos metros de distancia. Su mujer se ha quedado en casa con la nieta. Él es jubilado de la Citröen y su esposa tuvo la suerte de que el banco le devolvió los ahorros de las preferentes poco antes de que estallase el escándalo. A Domitila, que por fin tiene fecha para el arbitraje, le habían transformado un depósito a plazo fijo en unas subordinadas con caducidad en 2018. Ahora se ha encontrado con que Hacienda le reclama 3.000 euros, como a otros viejos emigrantes, por una pensión de la emigración. En Suiza trabajó de temporera varias veces, en lo que tocase, junto a su difunto marido. Recuerda especialmente el “hospital de monjas protestantes” donde pasó una época. Vive sola, aunque come todos los días con sus hijas. Pero tras dos años de protesta, la fatiga hace mella. “Lo estoy pasando muy mal”, acaba confesando.

La cháchara es distendida en la plaza. Hay risas y bromas con las multas indiscriminadas. “Yo abro el buzón con miedo”, ríe una señora. De repente, silencio. Sale el alcalde y todo el mundo empieza a apretar las bocinas. El regidor, Jesús Fernández Portela, se esfuma por un lateral. Las cornetas se apagan. “Ese lo que quiere es quedar bien con todos”, se oye. O Rosal, con 6.600 habitantes, llegó a tener a cerca de un millar de familias afectadas. La mayoría ya ha recuperado el dinero, pero la plataforma seguirá en pie hasta que todos estén a salvo. Américo cavila. “Aquí hay mucha gente que cobró y desde entonces no se la ha vuelto a ver. Pero si no es por nosotros no cobra ni dios”.

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