Caso de los ERE

La Junta apela a su “dignidad” y a la del Parlamento para recurrir el auto de Alaya

El Gobierno estima que existe riesgo de nulidad en el caso de los ERE

La Junta aclaró ayer que en el recurso al auto de la juez Mercedes Alaya por el que imputa a 20 altos y ex altos cargos del Gobierno andaluz esgrime el riesgo de nulidad de la instrucción. “El gabinete jurídico advierte de una posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada” por parte de los imputados, según subraya el comunicado remitido ayer por la Junta, personada en el caso como acusación.

El Gobierno aclara que “la estrategia” de las defensas personadas en el caso manejan reservarse las alegaciones de nulidad para la fase de juicio oral. Por ello recurre la Junta el auto de Alaya, para evitar dar argumentos jurídicos que favorezcan las tesis de las defensas, ya que una ulterior anulación de la instrucción “evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos”. Es decir, si se decretara la nulidad, la Junta busca evitar que entonces sea demasiado tarde para recuperar el dinero defraudado, cifrado de momento en unos 140 millones.

El recurso presentado por la Junta, a pesar de que está personada como acusación particular al haber sido dañadas las arcas públicas, motivó que el PP anunciara ayer su intención de pedirle a la juez su expulsión en el procedimiento como acusación particular. Entre los argumentos jurídicos la Junta advierte que el auto padece de una “evidente falta de motivación” que explique la imputación de los altos cargos acusados.

La tesis de Alaya es que los 20 imputados pecaron de inacción al permitir que el procedimiento para el pago del fondo de los ERE se realizara mediante las transferencias de financiación en vez de las subvenciones excepcionales, como durante los años anteriores a 2001. “Los escasos e inconcretos hechos que se relatan en el auto y dan lugar a la imputación (...) no suponen ninguna infracción legal”, reza el recurso.

Otro argumento incluido en el recurso es “la competencia y dignidad” del Consejo de Gobierno y el Parlamento andaluz, ya que según la Junta el auto de Alaya “pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de instrucción carece de facultad sobre este asunto”. La Junta considera que dirimir este conflicto competencial corresponde al Tribunal Constitucional: “Los cauces procesales están perfectamente delimitados para los jueces y tribunales ordinarios y deben ser utilizados para cuestionarse normas con rango de ley”, argumentan los abogados del Gobierno autónomo en su recurso.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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