Un empresario declara que dio 30.000 euros al excargo de Sevilla detenido

Es el relato clásico del constructor que paga a un político para devolver los favores por las jugosas adjudicaciones municipales. Pero ese tipismo no impide la sorpresa al comprobar que la corrupción vinculada al caso Mercasevilla y sus derivadas ofrezcan nuevos frutos en forma de delitos de manera periódica. No pasan dos meses sin que la ristra de indicios y delitos aumente. Este jueves ha prestado declaración como imputado el empresario de la firma Fitonovo Rafael González ante la juez Mercedes Alaya y el detenido ha afirmado que había entregado un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, el ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla que decidió como director del área de Vía Pública la mayoría de grandes contratos entre esta empresa y el Consistorio.

Castaño le dijo al empresario que la entrega del dinero era para el PSOE, según el testimonio de este último. El matiz del relato ante la juez, avanzado por González el día antes ante la Guardia Civil y que permanece bajo secreto de sumario, introduce la sombra de la sospecha sobre la posible financiación irregular del partido socialista.

González ha matizado que Castaño le había pedido 60.000 euros, pero que solo accedió a pagarle 30.000 euros. Tras admitir la entrega del dinero, el empresario ha señalado que los 30.000 euros “no eran a cambio de nada porque los contratos ya estaban dados”, informa Europa Press. Esos contratos concedidos por el Ayuntamiento de Sevilla se multiplicaron durante la época de vacas gordas al mismo ritmo que el patrimonio de Castaño crecía de manera exponencial mientras afianzaba sus relaciones con el empresario de Fitonovo y el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, imputado por su donación ilegal al PP reflejada en los papeles de Bárcenas. Esta última amistad dio sus frutos y Sánchez Domínguez contrató a Castaño como gerente de Desarrollo Urbanísticos Sevilla Este (DUSE) entre 2007 y 2009, cuando dejó temporalmente sus actividades para el Ayuntamiento de Sevilla. El también exasesor del grupo socialista (1999-2003) se convirtió durante un par de años en alto cargo de la empresa a la que había beneficiado durante sus años de gestión. Y de inmediato, sin periodo de carencia, justo después de dejar su cargo al frente del área de Vía Pública (2003-2007).

Castaño reclamó 60.000 euros al empresario, según el relato de este

La Guardia Civil desencadenó el pasado martes la Operación Madeja, derivada del caso Mercasevilla. Junto a González, el Grupo de Delitos Urbanísticos detuvo al también empresario y exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, Castaño y su esposa, Ana Valverde, ambos abogados. La pareja se negó a declarar ante los investigadores del Instituto Armado.

El súbito enriquecimiento de Castaño había despertado las sospechas entre los investigadores y la juez Alaya ordenó aclararlo. Los indicios revelaron que el exdirector del área de Vía Pública bajo el mandato del anterior alcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) había recibido regalos de Fitonovo como un coche marca Audi, aunque existen otros indicios en la causa que apuntan a que Castaño se benefició a través del pago de otros vehículos.

La investigación también ha desvelado cómo Castaño abonó los pagos de las hipotecas de dos de sus propiedades, una casa a las afueras de Sevilla y otro en el centro de la ciudad, en escaso tiempo. Sus ingresos declarados a Hacienda y los pagos ejecutados por la pareja de letrados no cuadran. El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa reflejaba unos ingresos sin justificar de 300.000 euros. Y de momento, al haberse negado a declarar Castaño ante la Guardia Civil, solo existen indicios de la percepción ilegal de una décima parte de esta cantidad: 30.000 euros. Ello en caso de que Castaño se apropiara del dinero entregado por el empresario de Fitonovo.

La investigación del patrimonio de Castaño surgió tras concretar la investigación su papel decisivo en el concurso de suelos de Mercasevilla, que Alaya considera “fraudulento”. Y ahí se abrió la espita de la Operación Madeja. Al cierre de esta edición la juez estaba pendiente de decidir las medidas cautelares contra los dos empresarios imputados.