El Canal subirá el agua de Lanzarote para pagar la deuda

El Canal de Isabel II Gestión, participado en un 82,4% por el ente público Canal de Isabel II y el 17,6% restante por los 111 municipios presentes en el accionariado, ganó el pasado abril el concurso para gestionar durante 30 años el agua de las islas de Lanzarote y La Graciosa. La oferta presentada fue de 106 millones de euros, de los que 56 se aportarán a corto plazo. La cifra coincide con la deuda que dejó Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), la anterior concesionaria. “Con Inalsa no tenemos nada que ver. Así se establecía en el pliego; es decir, Inalsa tiene unas deudas que tendrá que pagar”, afirman en el Canal.

El Canal —que la Comunidad aspira a privatizar en un 49%— compitió para suceder a Inalsa con cinco empresas. Acciona y Aqualia se retiraron sin hacer una oferta, dejando solas a Agbar y Saur junto al Canal, que hizo la oferta más generosa, superior en 41 millones a la siguiente. “El canon requerido era de 50 millones, a los que el Canal añadió 54 millones adicionales en inversiones”, explicó el gerente de Canal de Isabel II Gestión, Adrián Martín, hace unas semanas en la Asamblea de Madrid. Lanzarote es uno de los sitios en los que más cara es el agua de España, a tres euros el metro cúbico. El Canal se ha asegurado de que el precio vaya a subir más de lo que decía el pliego inicial del contrato. “Hemos cambiado una serie de condiciones de tal forma que vamos a poder pagar esas inversiones a través de esa tarifa”, afirmó Martín. El responsable directo de la subida de la tarifa será el Cabildo. Se aplicará a partir de 2016.

Este viernes está previsto que se celebre la junta de acreedores de la compañía en el juzgado de Lanzarote que lleva el concurso. Dieciocho políticos autóctonos, del PSOE, Coalición Canaria y del Partido Independiente de Lanzarote, tienen embargados sus bienes y sus nóminas en relación con la gestión de la empresa. “Es una burla que el dinero público del Canal se pretenda utilizar para abonar la deuda de la anterior concesionaria, Inalsa; y de este modo proceder a cancelar los embargos que pesan sobre los bienes de los políticos miembros de los sucesivos consejos de administración”, critica Elvira García, diputada regional de UPyD. Por ahora ya ha dimitido la interventora del Consorcio del Agua tras haber señalado que los acuerdos para pagar a los acreedores de Inalsa (casi toda la deuda está en manos de FCC) atentan contra los intereses del Consorcio del Agua.

El martes, una treintena de asociaciones vecinales, asambleas del 15-M y colectivos ecologistas de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) reclamaron al Gobierno regional información sobre las razones por las que el Canal concurrió al concurso para suceder a Inalsa.

“Resulta que la empresa que fue privatizada por la Comunidad por no disponer del dinero suficiente para afrontar la construcción de nuevas infraestructuras se lanza a esta aventura financiera y sin transparencia”, observa por su parte Juan Olaso, secretario de Medio Ambiente de CC OO. El sindicato solicitó a Canal Gestión los mismos datos que el PCPCYII, entre ellos el plan de negocio de la sociedad “a fin de comprobar que las inversiones previstas en la concesión no comprometen al equilibrio económico financiero del Contrato Programa”, así como los informes de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa en los que se hubiera analizado la oportunidad de las inversiones destinadas a participar en la concesión. “Las actividades que se desarrollen fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid, por lo que la concesión en Lanzarote y La Graciosa en nada afectará a los servicios prestados en Madrid (...)”, respondió Martín.

Para eso se ha constituido una sociedad mercantil específica, Canal Gestión Lanzarote, SA, que es la actual concesionaria de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización en las islas, exponen en el Canal. “Con el dinero de los madrileños no se va a pagar nada de Lanzarote”, zanjan.