Un juez imputa al alcalde de Ponteareas y a un cura por obras en una iglesia

El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, y el párroco José Carlos Pérez han sido imputados por el juzgado de instrucción número 1 de esa localidad pontevedresa por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. Solla y Pérez declararon el pasado 1 de julio ante el juez, que trata de esclarecer la realización de obras sin licencia consistentes en el levantamiento de un conjunto funerario del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillade para pavimentarlo. Al regidor, del PP, se le acusa de eludir la restauración de la legalidad urbanística, a pesar de la existencia de dos órdenes de demolición y de restitución de lo construido a su estado original.

Las obras se iniciaron en 2003 con el permiso “verbal” del que era concejal de Urbanismo, el excalcalde José Castro, como reconoció el párroco ante el juez. Durante el gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas que estuvo al frente de Ponteareas a partir de ese año, el entonces teniente de alcalde, Roberto Mera, del BNG, ordenó la paralización de los trabajos por carecer de licencia y se abrió un expediente que acabó en una orden de demolición de lo construido y la devolución del entorno a su estado original. La Dirección Xeral de Patrimonio también actuó contra los trabajos, que consideró ilegalizables, por lo que ordenó su demolición y la restitución de la legalidad.

De acuerdo con la denuncia, formulada por el propio Roberto Mera, alejado ya de la política, durante los ocho años siguientes a la apertura del primer expediente el alcalde “omitió cualquier actuación para hacer cumplir” su propia resolución de julio de 2004, en la que ordenaba la demolición de lo construido. Todo ello, a pesar de que en enero de 2005 la policía local abrió un nuevo expediente al comprobar que, lejos de cumplir con las resoluciones de la Xunta y del Ayuntamiento de Ponteareas, el cura había retomado los trabajos según su proyecto original, que se encuentran ya finalizados.

Los hechos fueron denunciados en junio de 2012, pero cuatro meses más tarde Mera amplió la denuncia, después de tener constancia de una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio, firmada en mayo de ese año, en la que se informa favorablemente la solicitud de legalización de las obras formulada por el párroco. Con ese documento en la mano, el gobierno local de Ponteareas acordó dejar en suspenso la orden de demolición y de restitución de la legalidad. Mera atribuye esta decisión de Patrimomio al relevo producido en la Consellería de Cultura, de la que depende esa dirección general, en enero de 2012, cuando Jesús Vázquez asume las competencias de Roberto Varela, que abandonó la Xunta. En todo caso, el cambio de criterio en Patrimonio es súbito y radical. La nueva resolución contradice no solo el acuerdo que ese mismo organismo aprobó en febrero de 2005 sino otra resolución de Roberto Varela como conselleiro de Cultura del 1 de septiembre de 2011, en la que se le impuso al promotor de las obras una multa de 10.900 euros y “la obligación de reponer las cosas a su estado anterior”, sin establecer posibilidad alguna de legalización de lo ejecutado. En esa misma orden, el conselleiro del PP denunciaba el “constatado incumplimiento” de las resoluciones de la Xunta por parte del párroco José Carlos Pérez.

La resolución adoptada siendo ya conselleiro de Cultura Jesús Vázquez, por otra parte, carece de proyecto de legalización y de los informes técnicos en los que se apoya, según sostiene Mera. Sobre estas presuntas irregularidades preguntó el pasado enero en el Parlamento la diputada del BNG Carme Adán, quien se interesó expresamente por las razones y los informes técnicos en que se basó el cambio de opinión de la Xunta. Adán preguntó también si la Consellería de Cultura fue objeto de “alguna gestión de algún miembro del Gobierno gallego para que se legalizaran las obras”. En su respuesta por escrito, la consellería deja sin contestar esas preguntas, precisa que la vía sancionadora sigue abierta y aclara que Patrimonio “trata siempre de buscar una solución lo más proporcionada posible” para la protección del patrimonio cultural de Galicia. Las obras consistieron en el levantamiento de las piedras originales de la explanada que se encuentra frente a la entrada de la iglesia de San Miguel de Guillade, para cubrir el terreno con una capa de hormigón y sustituirlas por losetas. De acuerdo con el informe municipal realizado el día que se abrió el primer expediente, el acondicionamiento del terreno dejó al descubierto un total de 21 fosas, lo que permitió identificar restos óseos y de cenizas, que pertenecían al conjunto funerario que se levantó para la pavimentación.