Las contratas de obras públicas deberán cumplir con los convenios del sector
Las Juntas aprueban una norma que prevé sanciones para las empresas adjudicatarias que no cumplan con lo pactado con los trabajadores
Las empresas adjudicatarias de obras públicas por parte de la Diputación de Gipuzkoa deberán cumplir con los convenios del sector, según la norma aprobada esta mañana en las Juntas del territorio, con el voto a favor de Bildu, PSE y Aralar, y la abstención del PNV y el PP. La ley obligará a las compañías y subcontratas, que se podrán enfrentar a sanciones de hasta un 10% del presupuesto de las obras, a cumplir con las clausulas de salud y seguridad, la prevención de riesgos laborales y las condiciones laborales que hayan sido pactadas.
La diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, ha destacado que la norma ha sido elaborada con la colaboración de LAB, ELA, CC OO y UGT, además de subrayar la importancia de su aprobación justo en un momento en el que la reforma laboral y la extinción de algunos convenios "empeoran" las condiciones laborales de los trabajadores.
Ugarte ha precisado que la nueva normativa incluye también la creación de una Comisión Técnica de Evaluación que será la encargada de determinar si las empresas cumplen con las medidas recogidas en los convenios, y de la que formarán parte los sindicatos. El texto también incluye el impulso de la conciliación de la vida familiar y laboral y la igualdad.
El PNV ha justificado su abstención argumentando que la norma aprobada tiene un difícil "encaje jurídico", como ha reconocido Ugarte al comienzo de su intervención, porque la Diputación de Gipuzkoa no tiene competencias en la materia. El juntero peneuvista Joseba Antxustegi ha destacado que el texto puede crear entre los trabajadores "expectativas que se pueden ver truncadas fácilmente".
Por su parte, el PP ha precisado que aunque su intención era votar a favor, finalmente se ha abstenido por los discursos de Bildu y Aralar, que han cargado contra los anteriores gestores de la Diputación y su proceder, entre otras cosas, en Bidegi, la sociedad foral encargada de la gestión de las autopistas del territorio. El PP ha considerado que la norma puede ser utilizada como "ariete" y algo, por tanto, "diferente al estricto interés de los trabajadores".
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