La FAVB pide investigar si FAES recibió dinero del expolio del Palau
Los vecinos solicitan que declaren como imputados ocho responsables de empresas de construcción
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) cree que las pesquisas judiciales sobre el desvío de fondos del Palau de la Música hacia el Institut Catalunya Futur (la rama catalana de FAES, el think tank del PP) fueron “menos intensas” que las que se hicieron para descubrir la presunta financiación ilegal de Convergència. Por eso los vecinos, acusación particular del caso Palau, piden ahora al juez Josep Maria Pijuan que las investigue más a fondo. Así lo explicó ayer en una rueda de prensa el abogado de la FAVB, Alex Solà, que también solicitó nuevas imputaciones.
En un escrito presentado hace una semana al juzgado, los vecinos piden que se investigue si FAES recibió una parte de la subvención adjudicada por el Ministerio de Cultura a la entidad musical en 2003 para hacer obras en el Palau. Solà argumenta que la diferencia entre el coste de real de las obras y las ayudas del Estado fue de cerca de dos millones de euros. En paralelo, según el letrado, las cuentas de FAES en 2003 y 2004 presentaron un aumento “sustancial” —que cifra en alrededor de un millón— en el capítulo de aportaciones particulares.
Solà argumenta que la diferencia entre el coste de real de las obras y las ayudas del Estado fue de cerca de dos millones de euros
La federación vecinal pide al think tank ligado al PP que certifique ante la Agencia Tributaria “la identidad de las personas o entidades que aportaron los más de seis millones de euros que constan en la partida de ingresos de la entidad por actividad propia durante los ejercicios de 2003 y 2004”.
La FAVB también solicitó que declaren como imputados los responsables de ocho empresas por considerarlos “colaboradores necesarios” en la malversación de dinero público. Esas empresas ejecutaron obras en los domicilios particulares de los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, que presuntamente cargaron las facturas a la institución cultural. Solà justificó la petición en que la Fiscalía está a punto de acabar la instrucción y no ha abordado esa presunta malversación.
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