Maíllo: “No hay razones para convocar elecciones anticipadas”

IU ha insistido este lunes en mostrar su perfil más institucional, como lleva haciendo desde que José Antonio Griñán anunció hace 13 días que no volvería a ser el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha garantizado el cumplimiento del acuerdo que su formación firmó con el PSOE para gobernar en la comunidad. "IU garantiza el acuerdo programático y no hay razones para convocar elecciones anticipadas. Hemos dado garantías de estabilidad y estamos convencidos de que la estabilidad vendrá también por el PSOE", ha repetido Maíllo, quien sigue sin ver motivos para un hipotético adelanto de los comicios andaluces, que deberían celebrarse dentro de tres años.

El problema reside en que Griñán, al defender el anuncio de su renuncia a repetir como candidato, deslizó esa posibilidad. El presidente pronosticó un "otoño muy complicado" en la negociación de los Presupuestos regionales y sembró dudas sobre cómo será la relación con su socio después de que Diego Valderas haya dejado recientemente la coordinación regional de IU.

Maíllo, su sucesor, ha dicho este lunes que está "convencido" de la "estabilidad" de la Junta. En su opinión, tampoco hay dudas sobre su defensa "a capa y espada" de los derechos sociales y ciudadanos de los andaluces frente a las políticas del Gobierno central, informa Europa Press.

El coordinador regional de IU ha hecho estas declaraciones en la presentación ante los medios de los miembros de la nueva dirección colegiada de su partido, que fueron elegidos el sábado con el 90% de los votos del Consejo Andaluz de esta formación. Según Maíllo, con la configuración de la dirección se culmina un proceso "clave" en el que IU quiere alzarse como "la alianza con la calle y con la sociedad andaluza" en contra de la troika y de su "discípulo más aventajado", el PP.

El coordinador regional ha presentado este lunes una campaña en favor del decreto sobre la función social de la vivienda, que el Gobierno central quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional. Esta campaña ha arrancado con la difusión de material explicativo, pero el primer gran acto será el próximo 12 de julio, cuando se han previsto concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en cada provincia andaluza. IU también tiene previsto llevar mociones a los Ayuntamientos en las que se instará al Gobierno central a que desista de presentar el recurso ante el Constitucional. Además, esta formación también formulará una pregunta en Senado para que el Ejecutivo aclare los "verdaderos motivos" del posible recurso.

El PSOE andaluz también se ha pronunciado este lunes sobre este asunto. Mario Jiménez, vicesecretario de los socialistas en la comunidad, ha tachado de "indignante" que el Eurogrupo tenga que pronunciarse sobre el decreto de vivienda aprobado por la Junta. Jiménez también ha acusado al Gobierno central de ser "colaboracionista" con Europa en lugar de defender la autonomía andaluza y al Ejecutivo regional.

El dirigente socialista ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy colabore con una situación "por la cual Europa solo toma decisiones cuando está en peligro el apoyo y respaldo a las entidades financieras y a los grupos económicos" que han "traído a esta situación", en referencia a la crisis. A Jiménez le llama la atención que el Ejecutivo central "no haya movido un músculo" para explicar a la Unión Europea las razones por las que en España un Gobierno autonómico tiene capacidad para tomar esa decisión.

El vicesecretario de los socialistas andaluces ha esgrimido una sentencia del Constitucional de 1987 para apoyar los pasos dados por la Junta. Este fallo era sobre la reforma agraria y avalaba la limitación del uso de la propiedad en defensa del interés ciudadano. Según Jiménez, el decreto contra los desahucios del Ejecutivo andaluz está ajustado a derecho, "es legal, plenamente constitucional" y "forma parte de las competencias de la autonomía". Además, según el dirigente socialista, el decreto "ha evitado desahucios y es una medida justa en defensa de la ciudadanía que, por la crisis y el paro, está en riesgo de perder su casa".