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Valencia airea sus trapos en las aceras

El Ayuntamiento mantiene los contenedores de recogida de ropa sin realizar ningún registro

Uno de los contenedores de ropa usada de una asociaciones que operan en Valencia.
Uno de los contenedores de ropa usada de una asociaciones que operan en Valencia.

La crisis ha cambiado, en algunos casos, la percepción de las cosas. Y donde antes había reciclaje y solidaridad, ahora puede tratarse de caradura y ausencia de ingresos. Eso es lo que parece haber pasado con los contenedores de recogida de ropa y calzado situados en las aceras de Valencia: su labor social se ha visto ensombrecida por la de ocupación de espacio público. Y el Ayuntamiento de la ciudad anunció el 21 de diciembre que se encargaría de registrar los usos fraudulentos de este tipo de actividad y llegar a un acuerdo con los legales para cobrarles una tasa por el uso de calzada. Siete meses más tarde, estas instalaciones siguen a la vista de cualquiera sin ninguna criba.

Porque, aparte, el contenedor se ha convertido en una especie de metáfora del contexto. En este recipiente se acumulan las sobras de algunas personas, pero también las carencias de otras. Y, desde hace meses, su exposición está más controlada que nunca. Muchos supermercados tienen prohibido sacarlos a las calles con los productos desechados. Y los de reciclaje de plástico, metal o vidrio no parecen tener un minuto de tregua entre chamarileros y camiones de la basura. Y es que la alarmante situación de desempleo y de déficit económico ha provocado un aumento de espigadores de despojos y un descenso en el despilfarro familiar.

Así lo creen las asociaciones dedicadas al reciclaje de ropa. Por un lado, lamentan los continuos robos que sufren. Por otro, advierten un amplio descenso en la recolecta de este material. Y esperan con incertidumbre la decisión consistorial de gravarles con una tasa y de retirar los contenedores ilegales porque de esta depende, según cuentan, el trabajo de varias personas. “Sería un golpe muy fuerte”, asegura Rafael Landete —responsable de El Rastrell, una de las organizaciones que cuenta con estos cubículos— “y nos dejaría al borde del hundimiento”.

De esta actividad, en su caso, dependen 18 personas. Todas en exclusión social: parados de larga duración, expresidiarios o inmigrantes. Y están a punto de presentar un nuevo expediente de regulación de empleo (ya hicieron uno de cuatro personas en 2012) que incluiría a otras tres. “Que sigamos es una cuestión de voluntad administrativa”, resuelve el coordinador.

El Rastrell, al amparo de la catalana Roba Amiga, es una de las ONG que operan en Valencia. Las otras principales son Casa Grande y la Fundación José María Haro, dependiente de Cáritas. También está la internacional Humana y varias empresas con ánimo de lucro como Jóvenes Unidos. En cualquier caso, es difícil discriminar entre ellas. Muchas presentan varias impresiones en sus paredes y unos números de los que no siempre se obtiene respuesta.

Esta falta de claridad eleva la desconfianza de los ciudadanos. En febrero, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó de la proliferación de contenedores ilegales de ropa esparcidos por las ciudades. Según explicó la organización, la gestión de estas piezas piratas es un negocio en alza ya que puede generar unos 3.500 euros al año con la venta del material (se recogen 10 toneladas de media anualmente, a 350 euros cada una). La OCU denunció que muchas ciudades están “plagadas” de este tipo de actividades fraudulentas y solicitaron a los ayuntamientos que incluyan el pago de una cláusula social en los contratos de autorización.

“Nosotros cumplimos la normativa, y sería una animalada tener que pagar por el espacio”, responde Ana Soubrier, “aunque existe el caso: en algunas ciudades no se paga por ser un residuo sólido no tóxico y en otras sí por ocupación del espacio público”. Según la gerente de la Fundación María Haro, el Ayuntamiento no ha “movido ninguna ficha” desde la propuesta que hizo en diciembre. Ellos tienen 25 contenedores en la ciudad y 24 trabajadores “que dependen de la ropa”. “Nos reunimos la semana pasada”, expone, “pero aún no sabemos nada”.

Eduardo Clemente, director de Casa Grande, lo corrobora: “Nos dieron un plazo de retirada y de alegaciones, pero todavía no sabemos nada”. Clemente comenta que el 10 de diciembre les remitieron una carta explicando la propuesta de obligarles a pagar una tasa. “Nosotros redactamos un informe alegando y aún no hay respuesta”. “Aplaudimos que se quiera regular para cortar con las mafias, pero si nos dicen de quitarlos no nos quedará más remedio que cerrar”. En su agrupación, según indica, ya han hecho “todos los ajustes posibles” y ahora se encuentran “frenados” a la espera del decreto.

Esta ordenanza comprendía un mes de plazo para la retirada de los contenedores y, después, otros 10 días para formular y presentar alegaciones. La decisión de la alcaldía —presentada por la delegación de Coordinación Jurídica de Ordenanzas, Licencias e Inspecciones— vino impulsada por un informe de octubre elaborado por la Policía Local que decía que no existía autorización para ninguna de las instalaciones. Un mes más tarde, en enero de este año, el consistorio contabilizó hasta 150 contenedores emplazados en la vía pública en respuesta a una pregunta de la concejal socialista Isabel Dolz. Sin embargo, a estas alturas del año aún es difícil no toparse con estos elementos cada tres manzanas.