Una nueva Ley de EPA, ¿para qué?

El 18 de enero de 1995, las Cortes Valencianas aprobaron (sin votos en contra) la Ley 1/95 de Formación de Personas Adultas (FPA), que vino a regular este sector educativo y permitió dar respuesta a una amplia demanda social articulada en torno a la Mesa de Agentes Sociales por la FPA.

Al amparo de la Ley, los Centros de FPA han venido realizando una ingente labor educativa, social y humana. De manera siempre discreta, siempre austera, han sido miles y miles los valencianos y las valencianas que en ellos han aprendido a leer y escribir, han aumentado su formación general, han obtenido titulaciones básicas o profesionales, han accedido a estudios superiores, se han alfabetizado en la propia lengua, han estudiado otros idiomas de la UE, se han familiarizado con los usos de las nuevas tecnologías y han realizado una gama amplísima de cursos y talleres ocupacionales y de ocio creativo. Todo ello ha permitido mejorar las expectativas personales y profesionales, ha incidido muy positivamente en la convivencia en nuestros barrios y pueblos, ha posibilitado, en suma, el desarrollo de la “capacidad para juzgar críticamente y participar activamente en la realidad cultural, social y económica”, como sostiene la Ley.

La Ley de FPA de 1995 ha permitido consolidar una red de 235 centros públicos en los que participan más de 80.000 personas al año, y el balance que puede hacerse es positivo, a pesar incluso de que numerosas propuestas están aún por desarrollar (Comisión Interdepartamental, Consejo de la FPA, Convenio General Multilateral que garantice la financiación de los centros municipales, proyectos territoriales, plantillas multiprofesionales, adecuación y construcción de centros de FPA…).

Por ello, no se entienden las prisas en modificar una Ley que está dando evidentes buenos resultados, teniendo en cuenta además que no hay ni un solo informe que avale la modificación ni que se haya abordado la redacción de un libro blanco que pudiera servir de referente para el cambio.

Con la propuesta que nos anuncian, aparte de no dar solución a ninguno de los problemas que existen, quieren convertir la red de centros públicos de FPA en una gigantesca estructura de educación a distancia, pretensión que no sólo es injusta, sino que deja ver el enorme desconocimiento por parte del legislador de lo que es la educación presencial y la educación a distancia, dos posibilidades de formación que vienen funcionando de manera complementaria desde hace casi 30 años.

También quedan seriamente tocados los programas de alfabetización y cultura general y todos aquellos que no conduzcan directamente a la obtención de titulaciones. El argumento parece ser, como siempre, economicista. Las titulaciones son muy importantes en los Centros de FPA, siempre lo han sido, pero a mí me gustaría saber qué tipo de despilfarro es el que hacen las personas que participan en cursos como los de Alfabetización, Neolectores, Fotografía, Cerámica, Dibujo o Inteligencia emocional, por poner algunos ejemplos. También me gustaría saber qué habrá que hacer para facilitar conocimientos, actitudes y destrezas –además de títulos rápidos y a la carta- a los miles de jóvenes que presentan rasgos evidentes de analfabetismo funcional, aunque esta expresión suene expeditiva.

Creo que, antes de tomar decisiones drásticas, habría que dialogar. En la formación de personas adultas convivimos gentes muy diversas y estamos habituados al diálogo. Y dialogar es sentarse a debatir, ver qué se ha hecho bien y qué hay que revisar. Estas cosas, consensuadas, suelen salir mejor.

Pepe Veiga es director del Centro Público de FPA de Torrent  y profesor asociado de la Universitat de València