La Generalitat aprueba el aval para refinanciar a la SGR

La Generalitat ha aprobado el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana que garantiza la refinanciación de la entidad por un importe de 200 millones de euros en una operación en la que participa un conjunto de 23 entidades de crédito.

El aval, según ha informado la Generalitat, incluye una condición que vincula su validez a la decisión definitiva que adopte la Comisión Europea en próximas fechas.

Si la Comisión Europa califica el aval como ayuda de Estado no compatible o la SGR tiene que liquidarse, el aval dejará de tener efecto.

El aval, que será aprobado el próximo viernes por el Consell y hoy lo ha hecho la Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat, supone mantener "la continuidad" de la SGR, que en 2012 perdió 75 millones de euros, un 34% más que en el ejercicio anterior.

La SGR ha presentado un plan de viabilidad que ha sido "revisado y contrastado" por el Banco de España y cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, en el que se establecen las líneas estratégicas de la sociedad para los próximos cinco años con criterios de prudencia.

El plan fija unos límites en el volumen de nuevas operaciones y en el riesgo vivo, que a cierre de 2012 fue de 1.092 millones de euros.

La Generalitat ha establecido mecanismos de control de la actividad de la SGR en dos niveles: por una parte, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ejercerá las funciones de supervisión y control permanente de la sociedad y se nombrará un supervisor externo para el cumplimiento del plan de viabilidad.

Este profesional externo deberá ser independiente con los conocimientos y experiencia adecuados en el sector financiero, y cuya designación deberá someterse a la aprobación del IVF.

Además, se establece una limitación en cuanto a los riesgos cubiertos por garantías públicas de la Generalitat dentro del total de los riesgos avalados, de modo que en ningún momento superen el 50%.

La continuidad de la sociedad permite mantener la actividad de más de 9.000 empresas socias, en su mayoría pymes, que han aportado 78,6 millones de euros al capital de la SGR.

Implica el mantenimiento de sus avales, lo que les permite "seguir con su actividad y mantener miles de puestos de trabajo", así como evitar "un importante quebranto" para la Generalitat en relación a los riesgos reavalados que mantiene actualmente en la SGR y a los que debería hacer frente en un escenario de liquidación de la sociedad.

El Gobierno valenciano destaca también que la continuidad de la SGR "evita el perjuicio a la reputación" de la Comunidad Valenciana y de las autoridades supervisoras de la sociedad, "cosa que hubiera sucedido si se hubiera llegado a la liquidación de la que en su día fue la primera SGR por tamaño a nivel nacional".