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Alaya imputa a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE

La magistrada implica en la causa a 20 altos cargos de la Administración andaluza

Les acusa de permitir el “dispendio” y el “uso indebido” de fondos públicos durante una década

La juez Mercedes Alaya ha pisado definitivamente el acelerador en la línea más compleja y delicada de la investigación del caso de los ERE fraudulentos —la rama política—, en la que ve indicios delictivos por el procedimiento administrativo que puso en marcha la Junta de Andalucía para dar hasta 721 millones de euros en ayudas sin apenas controles durante una década. En un auto comunicado ayer, Alaya ha imputado a Magdalena Álvarez, exministra socialista de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, como máxima responsable económica de la comunidad (fue titular de Hacienda entre 1994 y 2004), a otros 17 altos cargos o ex altos cargos de tres consejerías y a dos altos funcionarios de la Administración andaluza, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez.

La juez ha puesto la proa hacia el corazón de la gestión política del caso, después de dos años y medio centrada en las comisiones abusivas que se repartieron algunos implicados en la trama de los ERE, los intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron) o en las ayudas discrecionales a empresas. Desde el principio, Alaya entiende que el sistema se diseñó para repartir el dinero de forma opaca y arbitraria aunque sus pasos en esta línea de investigación han sido siempre más medidos, ya que su teoría salpica a varios aforados. No obstante, a lo largo de la instrucción ha señalado, directa o indirectamente, a varios responsables políticos de la Administración gobernada por el PSOE desde hace 30 años. Entre ellos, al actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que sucedió a Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. Griñán ocupó este departamento entre 2004 y 2009, año este en el que sucedió a Manuel Chaves al frente del Gobierno autónomo.

La juez es consciente de la relevancia de su decisión y de hecho en el auto destaca que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas” que de una u otra manera pudieron propiciar el fraude, que en la actualidad asciende a 140 millones de euros. Alaya considera que el sistema con el que la Consejería de Empleo dio las ayudas tuvo como consecuencia un “dispendio continuado de fondos públicos” y su objetivo ahora es estrechar el cerco sobre los responsables políticos que permitieron “el uso indebido” de fondos públicos.

La magistrada da este paso tras los interrogatorios que realizó la Guardia Civil el pasado verano a 14 altos funcionarios de la Administración andaluza que, como testigos, explicaron las razones por las que el procedimiento se mantuvo operativo casi una década sin que el Gobierno lo corrigiera pese a las alertas que lanzó la Intervención. Los agentes entienden que los 20 nuevos imputados (había ya 73) pueden haber cometido los delitos de malversación, prevaricación y contra la Hacienda pública.

“Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción”

El procedimiento de ayudas se puso en marcha en 2001 mediante un convenio que firmaron el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, imputado en la causa y sucesor de Viera en Empleo. El IFA, hoy denominado agencia Idea, era el ente de la Administración autonómica que finalmente pagaba los ERE. El procedimiento utilizado para dar las ayudas se llama transferencia de financiación, un mecanismo que aceleraba los pagos, pero que sorteaba la fiscalización de la Intervención de la Junta. Según la juez, el dinero tenía que haberse tramitado como una subvención excepcional, una figura administrativa que exige un control muy superior del dinero público. El procedimiento afectaba a tres consejerías: Empleo, que daba las órdenes de pago; Innovación, que las ejecutaba, y Hacienda, que autorizaba las modificaciones presupuestarias ante los desfases que anualmente se producían en la partida. Además, estos tres departamentos recibieron los sucesivos informes de la Intervención en los que se alertaba de que el método con el que se daban las ayudas prescindía “de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley”.

En el caso de la exministra Álvarez, la juez señala que era la responsable de “velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda” andaluza, cargo que debía ejercer con “respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”. Alaya destaca que Álvarez "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación" mediante una orden dictada en 2003.

La juez sostiene que el procedimiento con el que se daban las ayudas

es ilegal

Entre los altos cargos imputados se encuentra Antonio Lozano, número dos de la Consejería de la Presidencia y que era el director general de Presupuestos cuando se puso en marcha el fondo de los ERE. Lozano es uno de los más estrechos colaboradores que ha tenido Griñán estos años, tanto en Hacienda como cuando fue elegido presidente.

Con el auto de ayer, Alaya da un paso decisivo para actuar contra lo que fue la cúpula del Gobierno andaluz durante una década. De hecho, ha imputado a los máximos responsables de Empleo, Innovación y Hacienda en este tiempo, excepto a los que están aforados. Así, Magdalena Álvarez está imputada como consejera de Hacienda, pero no Griñán.

La decisión de Alaya se conoció pocas horas antes de que el PSOE andaluz celebrara el comité director en el que se pusieron en marcha oficialmente las primarias para elegir al sucesor de Griñán como candidato autonómico. La instrucción del caso siempre ha estado rodeada de polémica, ya que Alaya ha hecho coincidir algunas de sus decisiones más relevantes con momentos políticos clave, como cuando encarceló al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero el día que empezó la campaña de las elecciones autonómicas de marzo del año pasado.

El PSOE andaluz acusó ayer a Alaya de hacer “una causa general” contra la Junta de Andalucía e instó a la fiscalía a que actúe.

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