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La plantilla denuncia presiones de los jefes para vender preferentes

Los sindicatos aseguran que corren "riesgo físico" ante la "lógica indignación" de algunos clientes

Hace 10 días el que fue máximo responsable de Caixa Galicia, José Luis Méndez, descargó en sus empleados la responsabilidad de haber vendido participaciones preferentes a pequeños ahorradores en contra de sus órdenes. En la misma comisión parlamentaria de investigación sobre las cajas gallegas, su homólogo en Caixanova, Julio Fernández Gayoso, se identificó con sus “compañeros” trabajadores. Ayer, ambos jefes recibieron las críticas unánimes de sus antiguos subordinados, que a través de sus representantes sindicales los calificaron de “irresponsables” y censuraron sus retribuciones “socialmente repugnantes”.

 Los cuatro sindicatos que comparecieron en el Parlamento, CC OO, UGT, CIG y CSICA, lamentaron la pérdida de puestos de trabajo que ha supuesto la desaparición de las cajas, unos 5.000 empleos entre ambas en toda España. Pero por encima de ello criticaron la falta de control con la que actuaban sus directivos y las presiones a las que sometían a sus empleados. Julián María Valiente, secretario general de banca de CC OO, contradijo a Méndez y aseguró que “si se dieron órdenes de no vender preferentes a minoristas, se transmitieron las contrarias” y se instó a colocárselas a “todo aquel que entrara por la puerta”. De aquella presión de los jefes se ha pasado ahora a la de los clientes por recuperar sus ahorros, que "descargan su lógica indignación", según José Antonio Gómez, secretario general de UGT en Galicia, hasta suponerles un “riesgo físico”.

Sobre las remuneraciones de los directivos, los sindicatos lamentaron que los órganos en los que estaban presentes no recibían información y eran, en palabras de Valiente, “el reino de la opacidad”, ya que los propios gestores de las cajas se fijaban sus sueldos sin dar cuenta de ellos a nadie. “Las direcciones nombraban a dedo a quienes debían controlarlos”, ejemplificó también Clodomiro Montero, de CIG-Banca. Los sindicatos atribuyeron la mala situación económica de las cajas a su “expansión excesiva”, especialmente en el sector inmobiliario, y su desaparición a “criterios ideológicos” que buscaban su “bancarización”. Por ello apuestan por que Novagalicia siga como banca pública y no se venda “por un euro” después de recibir “9.000 millones de las arcas públicas”.