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Alaya cuestiona que la Junta tenga competencias para pagar los ERE

La juez pide al Ministerio de Empleo que se pronuncie sobre el sistema de ayudas a prejubilados. El Gobierno central no recurrió el decreto de 2012

Alaya a su llegada a los juzgados sevillanos. Ampliar foto
Alaya a su llegada a los juzgados sevillanos.

La juez Mercedes Alaya cuestiona que la Junta haya legislado las ayudas sociolaborales que hoy perciben 5.700 prejubilados. En su último auto, la magistrada pone en duda la aprobación del decreto-ley por parte del Consejo de Gobierno del Ejecutivo el pasado octubre para poner orden en las subvenciones individuales. El detalle más llamativo es que Alaya deja el dictamen sobre la norma en manos del Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo, un cargo de confianza nombrado por el Gobierno central y no un funcionario o técnico de la Administración. Pablo Hernández LaHoz-Ortiz, nombrado por la ministra Fátima Báñez, decidirá sobre si con el decreto la Junta invadió las competencias en materia laboral, “cuya legislación es competencia exclusiva del Estado”, resalta Alaya en su último auto del pasado jueves.

¿Por qué es tan relevante este dictamen? El Ejecutivo de José Antonio Griñán puso orden en las ayudas para los prejubilados de los ERE el pasado otoño y eliminó las comisiones externas de los brokers. Pero no solo eso. El decreto-ley era un misil para la línea argumentaria de la juez Alaya contra las ayudas concedidas entre 2001 y 2010 por el Gobierno.

La norma determinó que las ayudas son individuales y sobre todo que no se rigen por la Ley de Subvenciones (estatal) de 2003, un argumento utilizado por la Guardia Civil y la juez de manera insistente para subrayar la ilegalidad del fondo de los ERE. Y ahora la juez intenta desbaratar la fuerza legislativa pero sobre todo judicial de un procedimiento de ayudas que, previsiblemente, dirimirá el Tribunal Supremo dentro de años. La persona a la que Alaya se dirige para apoyar su tesis es un cargo de confianza del Ministerio de Trabajo.

La magistrada cree que se reguló sobre una materia exclusiva del Estado

Eso sí, las explicaciones del Ejecutivo central deberán ser muy medidas, dado que a diferencia de otros decretos, como el de vivienda y el de la subasta de fármacos, el Gobierno de Mariano Rajoy no recurrió el decreto-ley sobre los ERE de la Junta ante el Tribunal Constitucional. Y el plazo prescribió a los tres meses. Es decir, el departamento de Báñez no consideró que la norma, de gran impacto social dado que afectaba a 5.700 familias que protestaban casi a diario por la paralización de sus pólizas, invadiera competencias propias del Gobierno central.

El enfrentamiento más sonado de Alaya con la Junta en el caso de los ERE fue el pasado verano por la exigencia de entrega de las actas de los Consejos de Gobierno, pero ahora la juez cuestiona la capacidad normativa de la Junta para regular el polémico sistema de ayudas implantado en 2001, reformado primero en 2010 tras saltar el caso judicial y luego vuelto a modificar el pasado otoño con más precisión jurídica que pudiera confrontar las graves acusaciones de la magistrada.

“Se pronuncie sobre la procedencia, a tenor de la legalidad vigente en cada momento, del establecimiento por la comunidad autónoma de Andalucía de un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo”, detalla el auto, redactado el pasado jueves, la misma mañana del debate parlamentario sobre el estado de la comunidad en el Parlamento.

El Ejecutivo central pagó parte del expediente de la Faja Pirítica

Alaya pide al Secretario General Técnico que se pronuncie sobre si las ayudas “están o no incluidas en el ámbito laboral”, cuya legislación Alaya adjudica al Estado en exclusiva. Hernández debe precisar a la juez si las ayudas “afectan y de qué modo” a la legislación “que en exclusiva compete al Estado”, y si hay unas bases reguladoras aprobadas por el Estado para este tipo de ayudas. Además, le pide al alto cargo del ministerio que le aporte informes o antecedentes “que pudieran existir” en los archivos del ministerio sobre el seguimiento, informe o control de las actuaciones de la Junta. En 2003 el Gobierno central gobernado por el PP dio un paso más allá y pagó parte del ERE de la Faja Pirítica junto a la Junta. Por último, Alaya pide la documentación sobre los créditos presupuestarios autorizados por el Estado a favor de la Consejería de Empleo para gestionar las subvenciones de los prejubilados.

La juez solicita el dictamen después de que la Intervención General del Estado, que ha analizado con lupa el fondo de los ERE, plantea en su informe que el sistema de ayudas “se sitúa dentro (y no al margen) del orden de competencias fijados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Pero los interventores no se mojan, sino que solo subrayan que las ayudas sociolaborales se hayan implantado solo en Andalucía y no en el resto de comunidades autónomas.

La investigación se amplía y abarca desde 1999

Si hasta ahora la investigación del caso de los ERE partía desde 2001, desde ayer la causa judicial se ha ampliado a 1999, por lo que abarca 12 años (1999-2010). Es decir, Alaya investiga la gestión de cuatro consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, a cuyo director general de Trabajo Daniel Rivera mantiene imputado. “El devenir de la instrucción y sobre todo de las conclusiones contenidas en los sucesivos atestados de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] (...) han revelado nuevos datos relacionados con otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta y el Instituto de Fomento de Andalucía con anterioridad al periodo inicialmente investigado”, subraya Alaya en su auto.

El motivo de la ampliación del periodo investigado es la existencia de ayudas concedidas a empresas como Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina en fechas anteriores al acuerdo marco firmado por Viera y Fernández en 2001. Alaya reconoce que dado que la Guardia Civil ya examina estas ayudas, “ya implícitamente se ha ampliado el periodo de investigación inicialmente acotado”. Sobre estas ayudas anteriores a 2001, la magistrada le pide a la Junta que le remita los informes al respecto por el gabinete jurídico de la Junta. Además, Alaya requiere documentos sobre las modificaciones presupuestarias de Empleo en 2010, en concreto sobre el expediente de generación de crédito de 20 millones firmados por el director general de Presupuestos.

Los peritos de la Intervención General del Estado cuestionan las ayudas concedidas desde 2000 y subrayan que no existe norma para que la Junta regulara “la concesión, se establezca sus límites, edad mínima de los beneficiarios, cuantías, periodos de percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas o forma de tramitación”.

Por otra parte, el PP censuró ayer que la empresa Integrasur 2003, cuyo apoderado es el ex secretario general de Empleo Francisco García, recibiera ayudas de la Junta por 514.000 euros. García administró Faescom 92, firma que recibió una ayuda sociolaboral de 450.000 euros. El empresario aclaró que Integrasur 2003 es uno de los 520 centros especiales de empleo para los que la Junta ha destinado 30,6 millones en subvenciones al empleo de discapacitados.