CDC ve “artificiosa” la tesis del cobro de comisiones

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) considera que la tesis de la fiscalía sobre el cobro de comisiones en el caso Palau es “artificiosa” y está “completamente falta de prueba”. En un escrito remitido al juez que investiga el desfalco de la institución musical, la formación defiende que “no ha sido beneficiaria de ningún delito” y denuncia que las acusaciones se basan en una mera “sospecha” sin ninguna base.

El escrito de CDC, al que ha tenido acceso este diario, es la respuesta a otro escrito elaborado, hace dos semanas, por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que acusó a la formación nacionalista de haber cobrado 6,6 millones en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicarle obra pública. Javier Melero, abogado de CDC en la causa —la formación de Artur Mas figura como partícipe a título lucrativo—, considera que el escrito del fiscal es “excelente para proporcionar titulares, pero exótico desde el punto de vista procesal”. Uno de los imputados es el extesorero del partido, Daniel Osácar, acusado de cobrar esas comisiones para el partido de manos de los exresponsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull.

El letrado recuerda que la justicia penal “no se rige por la sospecha de un suceso”, sino por las pruebas. “Todo lo demás es retórica”, sostiene con sorna. Melero considera que algunas expresiones usadas por la fiscalía —como “concierto criminal” o “trama de comisiones ilícitas”— “pueden resultar vistosas y agradecidas”, pero son “de escasísima utilidad” para apuntalar las acusaciones. “Parece que CDC es el burro de los golpes al que siempre es interesante dar latigazos”, lamenta.

El escrito subraya que no se ha hallado ningún indicio de irregularidad en las adjudicaciones que, presuntamente, sirvieron para pagar las comisiones; entre otras, la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. El fiscal, reprocha el escrito, no ha investigado qué funcionarios habrían sido influidos para modificar los expedientes. El fiscal admitió que “no puede afirmarse que las adjudicaciones sean en sí mismas irrazonables”, debido a que Ferrovial es una empresa pública, pero subrayó que la influencia de las comisiones es “innegable”.

Lo mismo ocurre, en su opinión, con las retiradas de dinero en efectivo de las cuentas del Palau que, según el fiscal, acabaron en las arcas del partido nacionalista. La acusación “ni siquiera ha mirado (...) si el nivel de gasto de CDC se corresponde con los ingresos auditados por el Tribunal de Cuentas. Ni si, como ocurre en otros partidos —en alusión al PP—, “corrían por CDC sobres con sobresueldos suculentos”. “Es como si proyectando la sospecha de ilicitud sobre una formación que representa a un gran número de ciudadanos de Cataluña ya se considerasen satisfechos los requisitos” de la acusación, concluye el escrito.