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Sin billete de vuelta

Más de 100 temporeros búlgaros, abandonados en una finca de Cartaya, no pueden volver a su país porque el empresario no les ha abonado el salario de la campaña de la fresa

Jornaleros búlgaros de la empresa Campos de Lepe en las viviendas. Ampliar foto
Jornaleros búlgaros de la empresa Campos de Lepe en las viviendas.

Cuando Violeta Ivanova, de 39 años, entró en su casa de Bulgaria, su país natal, al término de la campaña de la fresa de Huelva de 2012, su hijo se abalanzó sobre su maleta buscando chocolates: “¿Y mis chocolates mamá?”, no los llevaba. El empresario le había dejado a deber parte de sus jornales. El pretexto era que así regresaría la próxima campaña. Y la próxima campaña llegó: Ha sido la de este año 2013.

Ivanova no quiere regresar en esta ocasión con los bolsillos vacíos. Ha trabajado duro y reclama, como el resto de sus compatriotas, su dinero. La situación se ha tornado dantesca para ellos. Ninguno de los 120 búlgaros contratados en la finca Campos de Lepe, ubicada en el término municipal de Cartaya y una de las más grandes de la zona, ha visto su salario completo desde el pasado septiembre, cuando comenzó la plantación del fruto. Algunos han cobrado anticipos de 50 euros. Otros, ni eso. En cambio, el empresario, el lepero Antonio Rodríguez, les ha reclamado 100 por persona por residir en unas casas prefabricadas instaladas junto a los invernaderos de la fresa. En una vivienda, un habitáculo de angustiosas dimensiones, pueden vivir hasta 11 personas.

Estos jornaleros llegaron a Huelva con el sueño de ganar un salario mejor. Sin embargo, están atrapados en una pesadilla en una finca a unos siete kilómetros de Cartaya, aislados del mundo, sin dinero y sin posibilidad de regresar a Bulgaria. “Esto es peor que una cárcel”, dice Slavca Ignateva, de 29 años, que vino con su marido y sus dos hijos. En la finca hay siete niños de entre tres y 12 años. La semana pasada la hija de Ignateva cayó enferma por beber agua de una acequia donde había perecido un animal. “Mi hija tuvo fuertes vómitos y diarrea”, se queja esta búlgara.

El sindicato UGT presentó el martes pasado, tras el incidente, una denuncia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ante la Inspección de Trabajo. Luciano Gómez, de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, calificó el escenario de “alarma social”. “Estas personas están abandonadas a su suerte y en el desamparo más absoluto, sin dinero, sin comida, sin agua, sin luz... Los niños tienen gastroenteritis y desnutrición”, dice Gómez.

Fue esta agónica situación la que llevó al colectivo a denunciar los hechos el 14 de junio ante la Guardia Civil de Cartaya, que abrió una investigación. Una semana después se detuvo al empresario que, tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos. La Guardia Civil le ha imputado un delito contra los derechos de los trabajadores. Se calcula que la deuda con estos jornaleros asciende a 250.000 euros, pero puede que la cantidad sea mayor. “Muchos no han cobrado nada desde que llegaron y a otros hay que sumarle lo que les adeuda de la campaña anterior”, afirma Juan Labrador, portavoz del colectivo y colaborador de la Asociación Anusi, que trabaja con inmigrantes.

Ciudadanos europeos

  • En pueblos freseros como Lepe se calcula que residen unos 400 ciudadanos búlgaros. En la campaña de la fresa de Huelva se hizo una planificación para 60.000 jornaleros. Este año se aprobó un cupo de 2.100 braceros contratados en origen. Las cifras de las personas que han participado en la recogida de la fresa no se conocerán hasta que no se reúna la Comisión de los Flujos Migratorios donde las Administraciones, la patronal y los sindicatos evaluarán el ritmo de la campaña.

Juan Labrador asegura que los jornaleros han pasado hambre: “Durante un mes solo han comido fresas con azúcar y a veces pan o mermelada que ellos mismos han elaborado”. Ahora, gracias a la mediación de organizaciones humanitarias como Cáritas o Cruz Roja, les están llegando otros alimentos. Asen Ivanov, de 40 años, tiene a su hijo menor en Bulgaria con sus padres. Él vino con su mujer. El empresario le debe 5.000 euros. Igual que el resto de compañeros ha declinado el ofrecimiento formulado por el empresario de coger un autobús y regresar a su país con un compromiso ante notario de que cobrarán cuando haya fondos. “Necesitamos el dinero para pagar al banco allí. Pedimos un préstamo para venir. Tenemos familias, hijos. Es imposible volver sin nada”, reseña Ivanov.

En la finca, a la que se accede a través del camino de Valdeflores, las horas pesan como el plomo. Y cunde el desánimo y el aburrimiento. A través de largas vías de arena se alcanza el poblado de módulos prefabricados. Las mujeres, a un lado. Los hombres, al otro, ven las horas pasar con la incertidumbre pegada en el rostro. “No podemos estar aquí mirando el techo un día y otro día”, se queja Stoan Ivanov, de 26 años. El lunes 24 de junio se levantaron de madrugada y fueron a protestar a Lepe (10 kilómetros a pie). Por la tarde, estaban de vuelta en la finca con la misma cara de desolación.

El subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, asegura que el empresario le solicitó una entrevista y destaca que él mismo le apremió a subsanar cuanto antes la deuda que mantiene con los trabajadores: “Son jornaleros que han desarrollado un esfuerzo en la recolección de la fresa y tienen un crédito salarial que ronda, según el empresario los 250.000 euros y tienen derecho a que se les satisfaga”, declara Pérez Viguera.

El subdelegado lamenta que “episodios como éste no benefician a una campaña que ha sido modélica en su desarrollo”. Por eso, remarca la necesidad de que las empresas atiendan los créditos salariales de los jornaleros para no repetir estas situaciones.

Por su lado, el empresario ha rehusado pronunciarse. Únicamente afirma que tenía bastante experiencia en este sector y “que nunca le había ocurrido un episodio similar”. Su empresa, que hace años que no es socia de Freshuelva —la patronal fresera que aglutina al 98% del sector—, lleva contratando ciudadanos búlgaros en las últimas cinco campañas Fuentes de la patronal lamentan estos hechos y aseguran que “se trata de un comportamiento aislado y no representativo de la manera de proceder del resto de empresarios de la fresa en Huelva”.

Desde Huelva Acoge también se criticó la manera de actuar de este empresario: “Lo que subyace en este asunto es una vulneración de los derechos de los trabajadores por impago de salarios. Desde nuestra organización denunciamos estos hechos y conminamos al empresario a que remunere el salario que adeuda a estas personas si es verdad que estos trabajadores han cumplido con su parte del contrato”, afirma Isabel Domínguez, presidenta de la organización. “Hemos recogido muchas fresas. Cajas y cajas todos los días”, exclama Violeta Ivanova. “¿Dónde está el dinero de toda esa fresa?" se pregunta. Gergana Ivanova, de 37 años, añade: “Quiero dirigirme al corazón de Antonio: No somos animales”.