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Línea roja discontinua contra la corrupción

El 'caso Blasco' ha complicado a Fabra la construcción de su relato contra los escándalos

El caso Blasco ha complicado a Fabra la construcción de su relato contra la corrupción. La política de tolerancia cero, las líneas rojas marcadas por el presidente de la Generalitat se han vuelto discontinuas.

Fabra lo remarcó este miércoles al señalar que la situación de Blasco era “muy distinta” a la de los restantes imputados del Grupo Popular. El jefe del Consell recalcó que la Abogacía de la Generalitat está personada en la causa contra Blasco. “Eso no se produce en los demás casos, porque además era la Generalitat la que avalaba los contratos que se hicieron”, recordó Fabra, refiriéndose, sin mencionarlas, a las contrataciones con Gürtel —por el que están imputados seis parlamentarios— y con el Instituto Nóos, donde el TSJ ha de decidir si imputa a Francisco Camps y a Rita Barberá.

Sin embargo, como recuerda la oposición, la salida forzosa de Blasco no se ha producido por su implicación en un caso de corrupción, sino por cuestionar la autoridad de Fabra y la dirección regional del PP. El jefe del Consell había dado a Blasco un margen de meses al fijar su salida del Grupo Popular para cuando hubiese informe de la Abogacía de la Generalitat, que lo hay desde hace dos semanas, y se fijase la apertura de juicio oral, una situación que puede tardar meses. Un pulso que puede llevarse por delante, si continúa, a la directora general del IVAM y esposa de Blasco, Consuelo Ciscar. Este miércoles la consejera de Cultura, María José Català, al ser interpelada por la continuidad de Consuelo Ciscar, respondió: “Esta es una decisión que no compete, ni ahora, ni en este momento, a mi único criterio”.

Pero a partir de aquí, la dirección regional del PP quiere hacer un punto y aparte. De hecho, los populares ya han descartado pedir la renuncia como diputadas de las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y el exvicepresidente Vicente Rambla ante la inminente apertura de juicio oral por la contratación con Gürtel del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2005 a 2009. Una decisión con la que el PPCV pretende no profundizar en la división del grupo parlamentario y tomar aire ante posibles imputaciones nuevas.