La Defensora del Pueblo investiga la discriminación a parados precarios

La Defensora del Pueblo ha abierto una investigación de oficio sobre la discriminación a parados sin prestación a la hora de trasladar ofertas de trabajo recibidas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid tras conocer por la prensa las órdenes en ese sentido de la Consejería de Empleo. La institución dirigida por Soledad Becerril se ha dirigido a ese departamento del Gobierno regional para que le aclare "la veracidad de tales noticias y sobre el alcance concreto de las instrucciones que se hubieran dado", según se lee en una carta enviada a la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET). 

Esta organización había denunciado ante la Defensora del Pueblo esas prácticas que Empleo ha atribuido a un "proyecto piloto" dentro del Plan de Empleo y que han concitado las protestas de los sindicatos e incluso de la patronal madrileña CEIM. Una portavoz de la oficina de la Defensora apunta que también se había recibido alguna denuncia adicional de particulares, pero que la institución ya había abierto su investigación de oficio al ver con "inquietud" dichas noticias.

En la carta a ANDET,  la adjunta segunda a la Defensora, Concepció Ferrer, afirma que la institución "permanecerá atenta a la aplicación del Plan de Empleo (...)a fin de asegurar que de su contenido y desarrollo no se deriven actuaciones discriminatorias en relación con el colectivo de personas desempleadas que, además de padecer esa situación, no disponen del paliativo de la prestación o subsidio económico correspondiente para sobrellevarla".

Ferrer aduce que en el Plan de Empleo no figura "ninguna previsión concreta" sobre esta polémica medida por lo que no se pronuncia de momento sobre la misma. Supone que la denuncia de ANDER se refiere a la aplicación de las previsiones contenidas en el decreto de marzo de 2009 sobre bonificaciones a la contratación indefinida de parados que cobran prestación.  La Defensora considera que el objetivo perseguido por ese decreto "es lícito" y las medidas para su aplicación "no sería cuestionable".

Dicho decreto (aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) establecía bonificaciones del 100% en la cuota empresarial de la seguridad social para quienes contratasen a parados con prestación antes del 31 de diciembre de 2009. La cuantía de la bonificación no podía superar la cuantía de la prestación.